El Estado de Mendoza tendrá que pagar 2.216.000 dólares por muertes y agresiones ocurridas dentro de los centros los penitenciarios entre 2004 y 2007. El costo que deberá asumir la provincia se desprende de un informe de "solución amistosa" entablada por abogados peticionarios y el gobierno provincial y aprobado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De no haber existido este instancia, el caso de las muertes en las cárceles mendocinas hubiese llegado a la Corte Interamericana y las sanciones tanto para la provincia como para Argentina hubiesen sido más severas.

El tribunal arbitral que intervino en este caso estuvo conformado por la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer; por Juan Carlos Wlasic, reconocido académico y referente en materia de Derechos Humanos, y por Fabián Salvioli, jurista argentino miembro de la CIDH. Y, de manera unánime, sacaron el fallo el 29 de noviembre del año pasado. Casi ocho meses más tarde fue aprobado y aceptado por las partes.

Entre las indemnizaciones que el Gobierno deberá pagar aparecen las relacionadas con los presos que murieron el 1 de mayo de 2004 en un incendio que se desató en el complejo penal de Gustavo André, en Lavalle.

Fueron seis las personas que murieron en aquel siniestro y por cada una se pagará entre 86 mil y 98 mil dólares, con un caso particular que asciende a los 173.500 dólares.

Sucede que esta vez, a la hora de calcular las indemnizaciones, se tuvo en cuenta a todos los peticionarios y personas directamente afectadas por la muerte de un preso. Así, en el caso en el que más dinero se abonará (no se dará el nombre), los beneficiarios serán la madre, la pareja y los hijos de la víctima; además de los costos que se desprenden del hecho mismo: para el tribunal, hay que pagar 34 mil dólares por cada uno de los que fallecieron aquel día.

Asesinados

A las seis muertes del incendio, se sumaron al expediente otros doce casos de homicidios; todos, en el penal de Boulgone Sur Mer.

Allí aparecen casos famosos y que ocuparon grandes espacios en los medios de comunicación. La mayoría se trató de crímenes llevados a cabo por otros internos; en otros, la investigación nunca pudo sacar a la luz cómo fueron los acontecimientos.

De todas maneras, para la CIDH era el Estado quien debía garantizar la salud de los presos.

En la lista aparece el asesinato de Sergio Salinas Ares, el 4 de diciembre de 2004. Fue torturado hasta morir y luego su cuerpo fue descuartizado. "Su cabeza sirvió para jugar a la pelota, ante la total omisión de los agentes penitenciarios", aclara el informe.

Esa "omisión" significará para la provincia 135 mil dólares.

Además, para la Comisión Interamericana y para el tribunal arbitral está claro que la muerte de Ricardo David Videla, conocido como "El Perro Videla", no fue un suicidio.

En el textual del fallo se indica: "Murió en la celda que ocupaba en la unidad 11 de penitenciaría provincial el 21/6/2005. Su cuerpo presentaba signos de violencia y la muerte se produjo por ahorcamiento. Tenía por entonces 21 años. Al igual que su hermano, fue víctima, en el ámbito de ese establecimiento carcelario, de feroces ataques que le causaron la muerte". Esa descripción sirvió para obligar al Estado a abonar 119 mil dólares en concepto de indemnización.