“Es un trabajo integrado que venimos promoviendo con el Ejecutivo, pero también trabajando a nivel regional con cada zona de la provincia”, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 la subsecretaria de Ambiente de Mendoza, Nuria Ojeda. Según detalló, desde mediados del año pasado se realizaron reuniones periódicas con referentes del este, centro, sur y área metropolitana, especialmente en las zonas más críticas.

“Identificamos una mayor velocidad en la generación de basurales a cielo abierto, lo que nos llevó a impulsar la actualización de esta ley, que si bien existía desde 1993, no estaba reglamentada y no responde al escenario actual ni a las tecnologías que hoy están disponibles”, sostuvo.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el cambio de paradigma en torno al residuo: dejar de considerarlo como “basura” y reinsertarlo en la cadena de valor. “Vale la pena aprovechar la palabra residuos y que no se convierta en basura, porque ya basura lo sacamos del circuito económico, no podemos darle otro valor”, señaló Ojeda.

El nuevo esquema apunta a implementar soluciones integradas, eliminar el trabajo informal de recuperación (comúnmente conocido como “cirujeo”) y fomentar la inclusión en procesos productivos. “Queríamos empezar a tecnificar este tipo de recursos que no se estaban aprovechando en la provincia”, afirmó.

La subsecretaria recalcó que la transformación no se limita al tratamiento final de los residuos, sino que involucra todas las etapas: desde la generación en los hogares y las industrias, hasta el transporte y la disposición. “La generación creo que es el punto clave, porque se trata de aumentar la eficiencia en la separación, estandarizar criterios entre grandes generadores e individuos, y facilitar la logística posterior”, indicó.

En este sentido, la propuesta prevé una normalización del sistema de separación, para que sea igual en toda la provincia. “No es lo mismo trasladar un camión bien clasificado que uno con residuos mezclados. Por eso, aunque actualmente hay recolecciones diferenciadas en algunos municipios, estas funcionan de forma ineficiente”, admitió.

Además de los hogares, el proyecto contempla a sectores productivos como bodegas, agroindustrias y empresas cementeras. “Tenemos actores claves en la provincia, como Holcim, con quienes podemos trabajar en cogeneración y aprovechamiento de residuos para disminuir el uso de energía en sus hornos. También tenemos una biorefinería en el este, donde podemos aportar materiales orgánicos o de poda”, ejemplificó Ojeda.

La estrategia se complementa con planes de compostaje domiciliario y la gestión diferenciada de escombros, que deben mantenerse separados de los residuos habituales. “Es un poco integrar estas corrientes de generación y evitar el amontonamiento que, a la larga, genera un costo de remediación y tratamiento más elevado que si se hubiera separado en origen”, subrayó.

Para acompañar la implementación de esta política, el proyecto contempla un componente educativo fundamental. “Esto tiene que ir acompañado de una educación constante, no solo en los colegios, sino también con campañas específicas para distintos tipos de residuos”, indicó. Además, remarcó que la ley está pensada como una herramienta dinámica. “Cada cinco o diez años se deberían actualizar las reglamentaciones, porque las formas de generar residuos cambian con el tiempo. Ya no generamos lo mismo que cuando éramos chicos”, comparó.

Ojeda también abordó el impacto ambiental de una mala gestión de residuos, que va desde la contaminación del suelo y el agua hasta el riesgo de incendios. “Cuando tenemos fuego declarado por algún basural, esto es irremediable, y se suman emisiones de gases tóxicos. Por eso esto también debe verse como una política de salud”, enfatizó.

Consultada sobre la competencia provincial en la fiscalización de residuos, Ojeda fue clara: “En Mendoza la administración de los recursos es provincial y se traslada esa facultad a los municipios, pero los residuos no respetan límites municipales. Por eso es fundamental una articulación entre los 18 departamentos.”

Como ejemplo de este desafío, mencionó el caso de Maipú, cuyos residuos actualmente son trasladados al departamento de Las Heras. “Tenemos que alinear los planes provinciales y municipales, trabajar juntos para reforzar el control de la generación, el transporte y garantizar un tratamiento final seguro”, concluyó.

Desde el gobierno provincial confían en que el proyecto será aprobado y permitirá poner en marcha una política pública de largo plazo que combine tecnología, economía circular y participación ciudadana, en un tema tan sensible como los residuos urbanos.