En  Mendoza no están dadas las condiciones para liberar el consumo de drogas, ya que el sistema no está preparado para dar asistencia y tratamiento de rehabilitación a quienes presentan problemas de adicción. Es lo que aseguraron diferentes referentes locales que se sumaron a la polémica desatada por el sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien esta semana dijo que “habilitaría el consumo de todo”. 

Tal situación implicaría aumentar la cantidad de personas con consumos problemáticos, mientras que ya en las condiciones actuales las acciones para evitarlo son insuficientes tal cual reconocieron todos los consultados. Otro punto de acuerdo es la necesidad de plantear el debate entre los diferentes sectores, ya que es sumamente necesario atacar las adicciones que han ganado terreno los últimos años. 

Las declaraciones del titular de la Sedronar repercutieron en todo el país y sirvieron para instalar una vez más el tema candente del narcotráfico. Además, inmediatamente Molina contó con el aval de otros miembros del gobierno. 

“Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros (de contención y asistencia para adictos) pero estamos hablando de la no criminalización. Hay que legalizar lo que hoy es ley, una ley de hecho”, dijo Molina el domingo. Con esto fue más allá de la despenalización y implícitamente acercó su postura hacia la legalización, la que y se ha aprobado en Uruguay. 

“Queremos que el consumidor no vaya preso sólo por consumir. Tengo tres argumentos para pelearlo: hoy el Estado está presente, estamos trabajando para que aquellos que consumen tengan asistencia; el segundo es la no criminalización (del consumidor de drogas prohibidas); y el tercero es económico, para que los recursos vayan donde tengan que estar”, dijo Molina por radio. 

Como muestra del panorama en Mendoza, Los Andes publicó en junio una nota sobre un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Allí se reveló que en la provincia, 61% de las causas por estupefacientes tienen como protagonistas a consumidores mientras sólo 0,7% a narcotraficantes.

Sin embargo, en Mendoza no parece haber un terreno fértil para avanzar con la legalización del “consumo de todo”, como pide el funcionario nacional. 

Sin contención a adictos

“Hablar de despenalización hoy honestamente me hace ruido porque no creo que estemos preparados para hacerlo; como está instalada la problemática en nuestra provincia significa abrir más la puerta (al consumo)”, expresó contundente el ministro de Salud, Matías Roby.

Señaló que “como se está planteando, se habla primero de despenalización y luego de legalización, que implica la aceptación del consumo normal. Pero para hablar de esto es necesario que antes pase mucha agua debajo del puente”. 

Dijo también que aunque a muchos moleste su opinión, “no se puede hablar de la eventual posibilidad de despenalizar cuando no se tiene la contundencia para abordar la prevención y lo asistencial, no hay articulación real entre los diferentes sectores”. Y consideró Roby que el sistema hoy tiene muchas de deficiencias y una de ellas es la capacidad operativa.

Desde su punto de vista, el tema de adicciones en la provincia está “muy lejos de encontrase resuelto”. Por ello desde el área que comanda se ha pensado en convocar a referentes en el tema para orientar estrategias de promoción y prevención, trabajo en terreno,  desintoxicación y deshabituación.

En el mismo sentido se expresó Víctor Festa, director de prevención de adiciones de Remar, organización que trabaja en rehabilitación de adictos y quien además lo fue durante 14 años, por lo que habla con conocimiento de causa.

Dijo que desde la entidad no están de acuerdo con el sacerdote ya que “la infraestructura de la provincia y el país no esta preparada,  porque te arriesgás a que se dispare el consumo”. E indicó que Mendoza no tiene un lugar de internación, “lo único disponible es  la granja de Remar”.

Además, opinó que “el mensaje que está dando el gobierno es que hagan lo que quieran”. Y advirtió que la marihuana es una droga conductual, que de 100 adictos 95 comenzaron con ella y luego probaron otras cosas. Por eso, aseguró que los que la utilizan de manera ocasional y pueden controlarlo son una minoría, ya que generalmente prueban otras sustancias. 

Festa consideró que no se pueden usar estadísticas de Europa -como se está haciendo-, ya que allí el Estado paga un tratamiento de alta gama mientras que aquí el 0800 no da soluciones o se dan turnos para atención con dilación de meses, cuando el adicto requiere atención inmediata. Y subrayó: “no hay infraestructura ni correcto aprovechamiento de los fondos disponibles”. 

Despenalizar vs. legalizar

Sergio Saracco, jefe del departamento de Toxicología provincial, aclaró la diferencia entre los dos términos: se legaliza la droga y se despenaliza a la persona, al adicto. El médico explicó que las sustancias psicoactivas -legales o no- producen un daño, por lo que no se puede estar a favor del consumo porque va en contra de cualquier principio médico.

“Pero no hay que penalizar al adicto porque es un enfermo”, aclaró y explicó que con la ley actual el consumidor no va preso: “Va detenido y se inicia un proceso judicial que implica mucho costo hasta que el juez, cuando ve que es un adicto, lo deja en libertad y se le proponen instancias médicas para su recuperación; la idea es evitar esta situación pero a quien esté comercializando la sustancia sí hay que caerle con todo el peso de la ley”. 

Al diputado provincial Héctor Fresina (FIT) le parece bien que el Estado no tenga la facultad de reprimir al consumidor de cualquier tipo de sustancia, “pero no estoy de acuerdo con la legalización porque es un negocio que no debería existir”. Y señaló que la criminalización del consumo deja a gran parte de la juventud “a merced del aparato represivo del Estado atacando libertades individuales”. 

En tanto, el diputado y médico Daniel Llaver (UCR), vice presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, dijo que no está en total desacuerdo con la legalización pero que antes es necesario garantizar instancias de tratamiento y recuperación, para lo cual aun no están dadas las condiciones.

Desde su punto de vista, es necesario que la sociedad se dé este debate a la luz de experiencias como la de Uruguay, que consideró que va en el camino correcto y ha tenido avances en la lucha contra el narcotráfico. De todas formas, dijo que aun es muy pronto para saber cuáles serán los verdaderos resultados de esa iniciativa pionera.

Claves del debate

Contradicción legal. En 2009 la Corte Suprema declaró inconstitucional someter a proceso penal a una persona por la tenencia de droga para consumo personal y privado. Sin embargo, la ley de estupefacientes nunca fue modificada. Uno de sus artículos establece que la tenencia castigada con prisión de 1 a 6 años.

Proyecto oficial. El sacerdote Juan Carlos Molina, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dijo que presentará un proyecto de ley para evitar “la criminalización del que consume”.

Rechazo de otros sectores.  Curas villeros advirtieron que “las drogas no dan libertad, sino que esclavizan”. “No es la liberación del consumo de drogas lo que podrá reducir su influencia”, adujo el titular de Caritas, Oscar Ojea. “Despenalizar todo es sumamente ignorante'”, manifestó el diputado opositor Felipe Solá.