En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal de Salta aplicó durísimas condenas a 15 de los 17 procesados por 34 crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta a partir de 1975. Más allá de la calidad de las penas -que para la mayoría estaba sellada-, el veredicto se potenció con la decisión de los jueces de revocar la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión preventiva de la que gozaban todos los condenados. Con esto se hizo realidad el clamor de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que minutos antes de conocerse la sentencia hicieron estallar la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial entonando con unción la conocida consigna: “Cárcel común / perpetua y efectiva / ni un solo genocida / por la calles de Argentina”. La audiencia comenzó pasadas las 9, oportunidad en que el tribunal autorizó al exjefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, y al exjefe de la Guarnición Militar Salta, Carlos Alberto Mulhall, a expresar sus últimas palabras. “Soy inocente, nunca participé ni ordené un acto de agresión contra ningún ser humano”, expresó Ríos Ereñú, procesado por los secuestros y asesinatos del médico Pedro Urueña y el gremialista René Santillán, ocurridos en Tartagal y General Mosconi, respectivamente. Luego los camaristas Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek pasaron a deliberar. Cerca de las 13, el secretario Mariano García Zavalía inició la lectura del veredicto, comenzando con Mulhall, quien por ser la máxima autoridad del Ejército, antes y después del golpe de Estado de 1976, fue encontrado culpable en la mayoría de los crímenes de lesa humanidad que se ventilaron en este juicio. La pena que se le aplicó fue de prisión perpetua, por considerarlo autor mediato de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas (20 hechos). A éstos se suman un homicidio simple; 14 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia, aplicación de apremios ilegales y violación agravada por el concurso de dos o más personas. La misma condena recayó en el exsubjefe de la Guarnición Militar Salta, Joaquín Cornejo Alemán, por la desaparición del soldado conscripto Víctor Brizzi. Lo propio ocurrió con Ríos Ereñú, por los citados casos del norte cuando el militar se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28, Tartagal. Otros de los sentenciados con la pena capital fueron los exjefes de la Policía de la Provincia Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de esta fuerza Joaquín Guil y el exoficial de inteligencia de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray. Los únicos absueltos fueron Marcelo Gatto y Fernando Chaín, quienes estaban imputados por el caso Brizzi.

Los familiares y representantes de las organizaciones de derechos humanos estallaron en júbilo cuando terminó la lectura de la resolución. En tanto que los parientes y amigos de los condenados se retiraron desencantados con el veredicto. Tanto ellos como los abogados defensores aceptaron con respeto el fallo, a pesar de no estar de acuerdo con el mismo. El único que no estuvo a la altura de las circunstancias fue el comisario y abogado José Luis Garzón, defensor del exfutbolista de Juventud Antoniana Mario Pachao. Garzón se quejó y gritó a viva voz por los cánticos de los familiares de las víctimas y de los abogados querellantes. El letrado quedó más desairado aún cuando pidió la palabra al presidente del tribunal. “Señores, el juicio ha terminado”, dijo sin más trámites Jiménez Montilla.

Ovalle detenido y alojado en la cárcel

La mayor expectativa del juicio estaba centrada en la suerte de Juan Manuel Ovalle, el único civil sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia y para quien el fiscal Ricardo Toranzos había solicitado prisión perpetua por el secuestro y desaparición de la docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Silvia Benjamina Aramayo, el 24 de septiembre de 1976. Una sensación de desencanto invadió la sala cuando se anunció su condena a 8 años, pero todo se compensó cuando al final de la lectura del veredicto se conoció que las penas a todos los condenados sería de cumplimiento efectivo, tal como lo habían requerido el fiscal y las querellas. Ovalle fue inmediatamente detenido y alojado en la cárcel federal de General Guemes.”Se hizo justicia y el hecho de que Ovalle cumpla la pena en la cárcel era lo que todos esperábamos ”, expresó Nora Aramayo, hermana de Silvia. Y agregó: “ahora esperamos que encontrar los restos mortales de mi hermana para darle cristiana sepultura”. Silvio Santillán, hijo del gremialista asesinado en General Mosconi, también manifestó sentirse satisfecho con el fallo. "Lo que falta es encontrar al grupo que secuestró a mi padre y no voy a parar hasta lograr ese objetivo”, dijo.

La nómina de los condenados

Las condenas aplicadas por el Tribunal de Justicia fueron las siguientes:

Carlos A. Mulhall fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, entre otros cargos.

Joaquín Cornejo Alemán, penado con prisión perpetua por homicidio agravado, entre otros cargos.

Héctor Luis Ereñú, recibió prisión perpetua. Por homicidio culposo agravado por alevosía.

Miguel Gentil recibió prisión perpetua por homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.

Virtom M. Mendíaz penado con prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, etc.

Joaquín Guil, recibió prisión perpetua por autor de delitos de homicidio agravado por alevosía.

Diego Gatto, fue absuelto por el Principio de la Duda de los cargos en su contra.

Fernando Chaín fue absuelto de los delitos que se cargaron en su contra por el Principio de la Duda.

Juan Carlos Alzugaray, condenado de prisión perpetua e inhabilitación agravado por alevosía.

Julio Oscar Correa, condenado a 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Víctor Hugo Almirón, condenado a 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

Mario Reinaldo Pachao, condenado a 8 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.

Juan Manuel Ovalle, condenado a 8 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.

Felipe Caucota, condenado a 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por 7 años.

Raúl Eduardo Toledano, condenado a la pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Ricardo Benjamín de la Vega, condenado a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.

Jacinto Ramón Vivas, condenado a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.