Mega estafa con viviendas: damnificados quieren que los responsables vayan presos

Son cientos de familias. Más de 400, todas con ilusiones pisoteadas por dos mujeres que están en la mira de la Justicia pero permanecen en libertad. Sandra Toro y Celia Arce son apuntadas por los vecinos como las personas que realizaban trámites con documentos oficiales del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda para adjudicar casas, de planes que ese organismo ejecuta en toda la provincia.
Todos entregaron sumas diversas que van desde los 8.000 a los 20 mil pesos, pero ninguno alcanzó el sueño del techo propio.

El listado confeccionado hasta el lunes, en la última reunión de las familias damnificadas, da cuenta de unas 442 personas estafadas por una cifra que todavía no fue ponderada ya que no todos entregaron la misma cantidad de dinero para “asegurarse” el acceso a una casa de manera más “rápida” y sin tantos trámites.

Ayer, una veintena de esos vecinos -ahora movilizados y agrupados- se presentó en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para exponer los casos. Fueron recibidos en el hall de acceso al edificio por Mirbel Eliseo Valussi, secretario del procurador general Jorge Canteros, a quien entregaron un listado con las denuncias formuladas.

“Queremos juntar todas las denuncias para que conformen un delito de estafa reiterada. A esta altura ya no sabemos si nos darán nuestras casas pero, al menos, queremos que los responsables sean detenidos”, resaltó Rosana Gagliardone, una de las damnificadas.

Seguimiento de cada denuncia

“Vamos a seguir el trámite de cada denuncia porque además del listado que me entregaron hay muchas otras que no figuran aquí”, trazó el funcionario judicial ante NORTE, luego del encuentro que se desarrolló durante media hora.

Ante Valussi, los vecinos damnificados expusieron cada caso: en todos el común denominador fue el cobro que realizaban estas supuestas gestoras para tramitar viviendas. Pero en varios también se advertía la asignación de un lote de cada vivienda en documentos con sello y membrete del organismo provincial.

“Vemos un grupo que formuló denuncias y otro que todavía no lo hizo. Entonces les dimos esas instrucciones para que presenten esas denuncias que faltan en una causa unificada”, explicó Valussi. “Tenemos un listado enorme de denuncias ya formuladas. Y veremos cómo evolucionó la investigación de cada causa”, precisó.

Un caso testigo

Fue a mediados del año pasado cuando Rosana Gagliardone se enteró, por una amiga, de una gestora que “agilizaba” los trámites para acceder a casas del Instituto de Vivienda. “Era para mi hija, que estaba en pareja y buscaba alquilar”, recordó. El contacto con la supuesta gestora se realizó en el negocio de Gagliardone. “Le expliqué que mi hija había ido al Instituto pero que los requisitos y papeles eran muchos”, relató la mujer.

En esencia, gestionó un departamento de la Torre Sarmiento para lo cual entregó a la gestora 15 mil pesos además de toda la documentación. Pero no fue todo: dado que la beneficiaria de la vivienda no podía certificar ingresos, lo hizo la propia gestora para lo cual operó en nombre de Gagliardone y le solicitó las partidas de nacimiento de las demás hijas menores.

“Ella exhibía en su agenda papeles con membrete y sello del Instituto de Vivienda. Por eso le creí”, resaltó. Pero lo cierto es que, tras la entrega del dinero, la supuesta gestora prometió “novedades” sobre el ingreso del legajo al IPDUV y la adjudicación de la casa, aunque nunca más apareció.

Contactos con el poder

Ante todos, la indicada como estafadora aseguraba pertenecer al Instituto de Vivienda e incluso, ante Gagliardone afirmó que trabajaba para la “campaña de Mongeló” (actual subsecretario de Gobierno y Registros Públicos). “Hay sumas impresionantes de gente que pagó para acceder a una vivienda porque esta mujer les decía que era la única manera de tener un techo”, relató.

Tiempo después y producto del avance de la investigación de las denuncias que sí aceptaron las fiscalías, fueron detectados lazos entre Sandra Toro y Celia Arce, una supuesta empleada municipal cercana a la concejal Ely Cuesta. “Hay gente que estuvo en el despacho de esta concejal haciendo negocios con Arce”, afirmó Gagliardone.

Recordó luego que todos pensaban, al principio, que se trataba de “estafas” aisladas. Aunque el caso comenzó a tomar gravedad a partir de una nota publicada por NORTE donde se consignaba un número de teléfono de uno de los denunciantes.

En el caso de Gagliardone, todavía no logró radicar la denuncia ya que en varias fiscalías la rechazaron. “En la Fiscalía 9, cuando fui, la vi a esta mujer detenida y me suplicó que no hiciera la denuncia porque ella era un perejil”, indicó finalmente.

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