“Esta es una pelea para determinar hoy, legalmente, si el servicio de cable debe estar regulado o no por el Estado”, describió Avalle, uno de los que rubricó el comunicado oficial del Cofeca difundido en los últimos días. En ese sentido, consideró que la audiencia pública convocada por la Corte para el próximo 28 de agosto actúa también dilatando la resolución de fondo que debe dar el máximo tribunal judicial del país.

“La audiencia dilata porque no estamos hablando de una ley nueva, sino que se viene peleando su aplicabilidad plena hace tres años”, subrayó, al dar cuenta de la convocatoria que tendrá lugar el próximo miércoles a partir de las 10 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde expondrán representantes de las partes el Poder Ejecutivo Nacional y el Grupo Clarín, así como cinco ONGs por cada una de las partes litigantes.

En un breve repaso, Avalle dio cuenta del eje de la discusión de aplicabilidad de la ley. “El fallo de primera instancia dice que el gobierno nacional tiene facultades de poner limitaciones para los canales de aire, porque el espacio de distribución es finito. Es lógico que el Estado lo regule”, explicó.

Así, dijo que aunque fuera una señal infinita con cierta cantidad de videocables, igual necesita una autorización de parte de un organismo estatal (que es el AFSCA), por lo que la nueva legislación establece la imposibilidad de tener más de 24 señales o el 35% del mercado. “Sólo en Buenos Aires, el Grupo Clarín tiene el monopolio casi absoluto, con Cablevisión y Multicanal, con más del 85% de los abonados”, recordó Avalle.

“Quienes cuestionan su constitucionalidad y encuentran en la justicia cómplices para dilatar su aplicación, tienen un claro y único objetivo: fortalecer su posición de poder económico dominante”, afirmó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, organismo creado por la Ley 26.522 para colaborar, asesorar y realizar el seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Cofeca está conformado por representantes de las provincias, sindicatos, empresas privadas, universidades nacionales, medios públicos, sociedades gestoras de derechos y pueblos originarios. A través de un comunicado, consideró que “no se puede seguir dilatando en el tiempo una definición que es requerida no sólo por todos los actores de la comunicación, sino por todas organizaciones y foros que trabajaron para tener una legislación de avanzada a nivel mundial”.

“Un país necesita de medios democráticos”, afirmó el titular del Cofeca, Pedro Báez, quien remarcó: “Hoy vemos cómo las corporaciones mediáticas presionan de manera salvaje no sólo al gobierno, sino a todo aquel que no comulgue con sus intereses”. Asimismo, el Consejo recordó que “la ley de Medios es el fruto de un proceso de profundo debate democrático que tuvo una plural participación y se desarrolló en todo el país”.