Decir que la marcha del 24 de marzo es simplemente un "acto oficialista" no resulta demasiado respetuoso con la pluralidad de personas que siempre marcharon ese día, convencidas de que la causa que las convoca trasciende completamente el uso que de ella pueda hacer cualquier gobierno.

Hay causas que sin duda no merecen quedar reducidas a la triste dicotomía que nos impone este escenario, donde todos nos vemos condenados a quedar acusados de ser colaboradores del oficialismo o de la oposición. Hay causas que ameritan una visión menos estrecha, menos enfocada a la turbia "actualidad", tal vez más responsable en relación con el futuro y, por qué no, con el pasado.

Es también el caso de la llamada "ley de medios", que acaba de llegar a la Corte Suprema. Tan a menudo mal llamada "ley de medios K", la ley que ahora está en la Corte es ante todo el resultado del fruto que ha dado mucho tiempo de trabajo y reflexión por parte de mucha gente que, sin que preponderara ninguna especulación partidaria, pensó y discutió durante años sobre cómo generar una mayor democratización de la palabra.

Ése ha sido el espíritu con el cual la Coalición por una Radiodifusión Democrática, compuesta por unas 300 organizaciones sociales, de derechos humanos, cooperativas, sindicatos, universidades, asociaciones gremiales y comunitarias, elaboró en el año 2004 los "21 puntos de la iniciativa ciudadana para una ley de radiodifusión de la democracia", los cuales sirvieron como base del proyecto de ley que en septiembre del año pasado se debatió en Diputados y fue aprobado, con un amplio apoyo de fuerzas no oficialistas, tras habérsele hecho más de cien modificaciones.

Podemos decir que el proyecto aprobado podría haber sido mejor (por ejemplo, si se hubiera limitado aún más la injerencia del Poder Ejecutivo en "la autoridad de aplicación", o si se hubiera puesto fin a la desregulación de la pauta oficial); y también que podría haber sido peor (por ejemplo, si se les hubiera concedido a las telefónicas el ingreso al negocio del "triple play", o si no se hubiese incluido la cláusula que contempla el principio de "neutralidad de la red", impidiendo que las empresas proveedoras de conectividad decidan además sobre los contenidos). Podemos decir muchas cosas, pero no podemos decir que el proyecto aprobado sea malo, ni tampoco negar que nos deja bastante mejor preparados para cuando se concrete el "apagón analógico" y se vengan cambios realmente radicales en materia de comunicación, confirmando que en el siglo XXI las transformaciones generadas por la tecnología resultan mucho más poderosas e implacables que las que nos suele deparar la política.

Aunque no garantice ningún mundo ideal, esta ley sienta una serie de premisas que contemplan lo sustancial del espíritu de aquella iniciativa ciudadana; y sería muy bajo objetarla, o no lamentar que haya quedado suspendida por maniobras judiciales, o no acompañarla y reclamar por ella, tan sólo con el argumento de que a corto plazo habría de traerle beneficios al actual gobierno.

Los fundamentos de la Ley 26.522 están pensados para proteger nuestro derecho a informarnos y a comunicarnos libremente. Y en ese sentido se establecen algunas nociones centrales: la de concebir a las frecuencias radioeléctricas como un bien común, patrimonio de la sociedad en su conjunto; la de que todos tenemos derecho a saber quiénes son los titulares de las licencias; la de que los medios estatales son públicos y no gubernamentales. Y, fundamentalmente, la de que el objetivo para reglamentar la radiodifusión debe ser "promover la diversidad y el pluralismo", lo cual sólo puede realizarse, por un lado, mediante normas antimonopólicas que preserven un poco la comunicación de la influencia de grandes empresas cuyos contenidos están decididos meramente en función de sus propios intereses económicos; y, por otro lado, asegurando que un porcentaje considerable de los medios pueda estar en manos de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, para que se multipliquen otro tipo de experiencias comunicativas, cuyos fines no sean comerciales.

Ésos son los principios generales que se consensuaron para orientar la transición a los servicios digitales. No resuelven todos los problemas, pero al menos proporcionan un marco más deseable que dejar todo librado a las leyes del mercado.