Consideró “graves omisiones” en la notificación de sumarios internos.
En medio del escándalo que rodea a la cárcel de Villa Floresta tras la publicación de un informe de La Nueva. sobre el uso, por parte de presos, de celulares, Facebook, el consumo de drogas y la fuga de un reo disfrazado de abogado, la justicia bahiense advirtió hoy a las autoridades de la cárcel por lo que consideró “graves omisiones” en la notificación de sumarios internos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal -con los votos de los jueces Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Elena Torterola lanzó la advertencia formal a los jefes de la penitenciaría.
Fue a través de una resolución firmada el martes -y conocida hoy-, que terminó por anular la sanción contra el interno Bruno David Borda Buosi (condenado por el robo, en 2013, a la sucursal Ingeniero White del Banco Nación), a quien le habían impuesto 10 días de aislamiento del área de convivencia por encontrarse en su poder, justamente, dos teléfonos celulares y una punta metálica, como arma casera.
La requisa en el colchón de la celda de Borda se produjo el 30 de marzo. Las autoridades de la cárcel realizaron el sumario correspondiente y lo sancionaron, aunque olvidaron un detalle: no le permitieron el derecho a defensa al recluso ni le dieron aviso de la situación al citado tribunal federal, a cuya disposición se encuentra.
El artículo 97 de la ley de Ejecución Penal Federal exige que este tipo de notificaciones deben llegar al juez competente, “por la vía más rápida disponible”, dentro de las 6 horas posteriores a su dictado, aunque en este caso los jueces recién tomaron conocimiento de las actuaciones el 30 de abril -un mes después-, con la elevación del expediente disciplinario.
“La notificación fue tardía e injustificada”, se quejaron los doctores Velázquez y Torterola, para calificar de “grave falencia” la irregularidad por parte de las autoridades del presidio.
“La Dirección de la UP4 no podía desconocer que el interno Borda se encontraba detenido a exclusiva disposición de este tribunal y que la asistencia letrada del mismo estaba a cargo de la Defensoría Federal”, agregaron, al confirmar que el reo no contó con el adecuado derecho a defensa.
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