Este martes, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha afirmado que los burgaleses no tienen derecho a conocer los informes trimestrales que hace la empresa Albera Medio Ambiente, sobre el cumplimiento de Urbaser en materia de limpieza de la ciudad. Su argumento ha sido que dichos informes contienen datos privados de ambas empresas.

Al ser preguntado sobre quién decide que esos datos no sean públicos, alude a los servicios jurídicos, todo ello sin definición ni concreción específica.

Pues bien, vamos por parte. Urbaser tiene un contrato con los burgaleses para 10 años. Dicho contrato es público, pues la otra parte firmante son todos y cada uno de los ciudadanos de Burgos. No hay forma de encontrar dicho contrato en la web, sencillamente, porque no está públicado.

Sin él, los ciudadanos desconocen los compromisos a los que está sometida Urbaser. Haciendo público dicho contrato, o las cartas de servicio que el propio PP pidió que se publicaran en el mandato pasado, cada ciudadano podría fiscalizar la tarea de la empresa con el contrato más caro de la ciudad.

Ante la falta de control y la imposibilidad de hacerlo con empleados municipales, el Ayuntamiento de Burgos firmó un contrato con Albera Medio Ambiente, por 160.000 euros al año. La finalidad era emitir un informe en el se detectasen posibles incumplimientos. Pero al ciudadano se le niegan dichos informes.

Es evidente que si en los informes figurasen datos de un trabajador a quien se le imputa algún incumplimiento, dichos datos deben ser omitidos. Pero la omisión de un mínimo número de datos no puede ser la excusa para negar el grueso de la información al conjunto de la ciudad.