Al ser consultado por la situación de los más de trabajadores que tiene la empresa, dijo a LA RAZON que 'se adotpó esta medida para salvar las fuentes de trabajo y no tener que echar a nadie', afirmó el nuevo titular de la comisión directiva de la cooperativa, que afronta una grave crisis económica y financiera.

Asimismo dijo que no se va a cerrar ninguna de las actividades que desarrolla la firma, poniendo el énfasis en el supermercado, donde se desempeña un importante número de trabajadores, y la ferretería, que funciona en un edificio de la avenida Sarmiento que se encuentra en litigio con antiguos acreedores y ya habría recibido un fallo en contra.

La situación de los trabajadores

En relación a la planta de personal de la Cooperativa, LA RAZON consultó a Felipe Ceara respecto al acuerdo firmado con la mayoría de los trabajadores para reducir la jornada laboral, a partir de los cuestionamientos efectuados por el Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Chivilcoy.

Ceara aclaró que 'solo dos de los empleados se negaron a firmar y uno se abstuvo, mientras que el resto, más de 40 personas, decidieron aceptarlo'. En este sentido dijo que esta medida se adoptó para salvaguardar las fuentes de trabajo y no tener que echar a nadie y los empleados estuvieron de acuerdo'.

Asimismo, dijo que dicho convenio estableció que los empleados trabajaran media jornada laboral con turnos rotativos de mañana y tarde, y 'fue homologado ante el delegado del Ministerio de Trabajo, Dr. Fernando Antonelli'.

Además, quiso dejar en claro que la intención es poder mantener la actividad hasta que este problema sea superado, y 'también para reducir gastos'. Por otra parte, agradeció el apoyo brindado en todo momento por la Municipalidad de Chivilcoy en el objetivo de sostener las fuentes laborales.

En tanto, Felipe Ceara aseguró que tanto la ferretería, como el supermercado y las demás dependencias, seguirán funcionando'.

Aunque no lo mencionó, dicha aclaración estaría vinculada al juicio que la Cooperativa estaría afrontando con un acreedor, que estaría reclamando la propiedad del edificio donde funciona la ferretería, que habría sido entregado como parte de pago en la década del '90 por la gestión anterior a la que llevó adelante Antonio Tolosa, y que aparentemente, no habría sido autorizado por asamblea.

Este hecho, además de generar un extenso litigio contra la cooperativa de parte de dichos acreedores, quienes ya tendrían un fallo favorable en la Justicia, también derivó en un juicio penal y otro civil de la cooperativa hacia algunos miembros de la conducción que habría efectuado dicha entrega del inmueble.