La cuestión no es menor, en la medida en que nuestras provincias tienen una marcada heterogeneidad entre ellas, y que hay asimetrías importantes respecto a la distribución de la riqueza y de la población, por un lado, y la distribución del peso institucional, por otro. Las diferencias interprovinciales en términos de distribución de la riqueza, de recursos y de situación fiscal, para citar sólo algunas, son muy pronunciadas. Pero los mecanismos institucionales, como los electorales y los legislativos, han equilibrado en ocasiones estas desigualdades.

No es casualidad que durante los primeros años de la organización nacional, Buenos Aires se negara sistemáticamente a participar en pie de igualdad en cualquier mecanismo común de representación. ¿Por qué la provincia más rica y más poblada, decían, debía tener el mismo peso (por ejemplo, una provincia, un voto) que provincias mucho más pobres y menos pobladas? Tampoco es casualidad que el mecanismo de representación igualitaria en el Senado fuera una de los "triunfos" de las provincias sobre Buenos Aires en la Constitución de 1853. Y mucho menos casualidad fue que Buenos Aires rechazara tal Constitución y se separara del resto de las provincias por esa y por otras desavenencias sobre mecanismos constituyentes que distribuían beneficios de una manera u otra.

En términos institucionales, tal influencia se distribuye todavía hoy de manera heterogénea. Como han mostrado algunos analistas, si tomamos como parámetro la distribución de la población solamente, se puede ver que la representación de las provincias en el Congreso Nacional está sesgada en favor de las menos pobladas. Así, por ejemplo, sumando las diferencias entre la participación proporcional de bancas en cada Cámara del Congreso y la distribución de la población, se puede observar que provincias "pequeñas" ganan y las más grandes "pierden". Concretamente, un 14% de los asientos en Diputados y el 49% en el Senado se distribuyen sin considerar el tamaño de las poblaciones como criterios de ponderación.

Cada uno de estos diseños institucionales, tanto electorales como legislativos, pueden ser modificados a partir de conteos nuevos de la población, que le dan, sin duda, un carácter objetivo a la discusión. Pero tales diseños son finalmente un producto de la acción estratégica de los actores políticos en la búsqueda de influir de un modo más decisivo en la toma de decisiones. Como lo verificó nuestra Constitución de 1853.