SAN MARTÍN – La familia de la menor discapacitada mental de 14 años que está embarazada por violación pidió que se interrumpa la gestación. Mientras el presunto autor del abuso reiterado continúa prófugo y mantiene en su poder a su hijo menor de 2 años, el Comité de Bioética del Hospital Perrupato analiza la conveniencia o no practicar el aborto. El último juez que autorizó esta práctica en el país le dijo a este medio que las prácticas abortivas en casos de abuso sexual no son punibles desde 1921 y que “lo que no está prohibido por la Ley, está permitido” y que, por lo tanto, el acto médico no requiere autorización judicial.

“La chica no tuvo problemas en contar el abuso pero se puso muy mal cuando se le preguntó sobre el bebé”, reconoció Patricia Cabrera, jefa del Servicio Social del hospital Alfredo Perrupato y primera profesional que atendió a la víctima y a su familia.

“Tiene un desarrollo mental de una niña de 10”, agregó la asistente social. La menor habría sido violada al menos tres veces por uno de sus cuñados y, como consecuencia de ello, tiene un embarazo de al menos 12 semanas.

“La familia dijo que no quieren que el embarazo continúe”, dijo la misma asistente social, quien además informó que la menor tiene 10 hermanos, dos de ellos también con patologías de retraso mental y epilepsia, tres que también habrían sido abusados sexualmente por el mismo hombre, que el padre de familia es ciego, y que todos viven del trabajo rural. “La chica no se dejó revisar por los médicos y tampoco por el forense”, confirmaron en el Perrupato, aunque ya no se esperaban lesiones o hematomas en el cuerpo de la víctima, debido a que los abusos habrían ocurrido entre junio y septiembre.

Este jueves los médicos analizaban si el tiempo de gestación permite realizar el aborto.

Los primeros estudios indicaban en que el embarazo tiene entre 12 y 13 semanas de desarrollo, un momento que es entendido como justo para efectuar la intervención.

Sin embargo se trata de descartar que existan riesgos para la madre.