El Ministerio Público Fiscal está abocado, bajo un fuerte hermetismo, a investigar las amenazas que desde el año pasado vienen padeciendo el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Héctor Massuh; y el subjefe, comisario general Juan Rosatelli.

Fuentes policiales precisaron a El Diario de Paraná que las amenazas comenzaron a mediados de 2014 y no han cesado. Las mismas fuentes deslizaron que los fiscales que tienen en sus manos la causa están investigando dos hipótesis: una relacionada con un importante secuestro de estupefacientes, específicamente marihuana, y la otra con el inminente juicio oral y público que se realizará a los policías acusados de sedición por el levantamiento de diciembre de 2013. 

Según indicaron fuentes allegadas a la investigación, el primero en presentar la denuncia en Fiscalía fue el comisario general Massuh, que cuenta con el patrocinio de la abogada Rosario Romero; posteriormente lo hizo el comisario general Rosatelli, quien es representado por Marcos Rodríguez Allende. La investigación, que se desarrolla bajo un silencio total, avanzó sobre dos hipótesis.

En la primera se investiga a una banda dedicada al tráfico de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias que desarrollaba su actividad en el departamento La Paz, en la frontera con Corrientes. 

Según se indicó, la banda estaba integrada por personas de Entre Ríos y Corrientes y sufrió un duro golpe tras un importante operativo en el que se secuestraron alrededor de 350 kilos de marihuana. La otra hipótesis que transitan los investigadores está vinculada con los policías acusados de sedición tras el levantamiento de un grupo de efectivos de la Policía provincial, en diciembre de 2013. 

La última hipótesis que trabajan los fiscales para tratar de dilucidar el origen de los mensajes de texto en los que se vierten distintos tipos de coacción contra la cúpula de la Policía, está abonada por la gravedad institucional que generó el levantamiento de un grupo dieciocho efectivos que comparecerán en debate oral y público acusados de los delitos de “Sedición, Privación ilegítima de la libertad, Daño calificado, Robo agravado por la calidad de funcionario público e Instigación pública”. 

El juicio comenzará el próximo 13 de abril en Concordia y se extenderá en 27 jornadas hasta el 5 de junio, donde declararían alrededor de 600 testigos.