Dieciséis entidades productivas de Mendoza firmaron una nota dirigida a los miembros del Jury de Enjuiciamiento en la que le solicitan que la votación clave del próximo lunes "tenga como resultado ineludible, la investigación profunda de las presuntas irregularidades denunciadas que se atribuyen al titular del Departamento General de Irrigación", Eduardo Frigerio.

Los firmantes son titulares de organizaciones con larga tradición en la provincia y con peso económico y político. Algunas, con un historial combativo que las distingue y otras, que rara vez levantan el perfil en reclamos sectoriales. Un amplio abanico territorial también que, como define uno de los impulsores de la nota, reúne a un grupo de dirigentes gremiales empresarios heterogéneo y prestigioso a la vez que "es muy difícil de juntar" por otros temas pero que dejaron de lado sus diferencias por el agua.

Así se encuentra en el listado a las entidades ligadas con la industria madre de Mendoza: la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas con la firma de Eduardo Sancho (quien fuera superintendente de Irrigación en los ´90 y compitió en la interna del PJ de mayo último como precandidato a gobernador); la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) con la rúbrica de José Zuccardi y Bodegas de Argentina con la de Ángel Vespa.

Con extensión en el territorio provincial se cuenta a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (Pablo Asens); la de Industria y Comercio de Tupungato (Horacio Meli); la de Comercio, Agricultura y Ganadería de General Alvear (Miguel Ángel Santolín) y la de Malargüe (Martín Segovia), así como la de Empresarios de Rivadavia (Osvaldo Blengini) y la de Comercio de la Ciudad de Mendoza (Adolfo Brennan y Susana Caballaro).

Entre las organizaciones combativas se cuenta la Sociedad Rural del Valle de Uco que conduce Mario Leiva, quien ya está jugado en el proceso contra el titular de Irrigación, y la Asociación de Productores en Acción de José María Llaver, otro de los que acostumbra hacer movilizaciones de productores en el Este mendocino.

También está la Federación Económica de Mendoza de Adolfo Trípodi; la Asociación Productores de Ciruela representada en el texto por la firma de Sergio Morbidelli; la Cámara de Turismo de San Rafael (Flavio Sat); la Asociación de Productores de Malbec Primera Zona (Beatriz Saiz de Pujol) y la Fundación del Agua (Ángel Cereda).

El texto de la misiva a los miembros del Jury es prudente en los términos. "No escapa al elevado criterio de V.E. que varias de las irregularidades denunciadas, de ser probadas, conllevan severos perjuicios al recurso más importante y estratégico para el desarrollo productivo de Mendoza y a su delicado ecosistema, por lo que su exhaustiva investigación adquiere particular significación".

Nadie acusa abiertamente, pero hay un claro sentido político: llega justo días antes de que el tribunal debata una presentación del senador Ricardo Pettignano que es la concreción de la estrategia del justicialismo para lograr desactivar el desarrollo del proceso.

Para explicar la situación hay que remontarse al momento en que el Jury votó el inicio del proceso contra Frigerio. El 27 de octubre, el tribunal definió la apertura de esta instancia por 11 votos a 10. Una semana después, Pettignano (también miembro del cuerpo enjuiciador) presentó una nota en la que discute la mayoría necesaria para abrir el juicio. Según sostiene el senador justicialista, hacen falta 12 votos, es decir, la mitad más uno del total de los miembros, porque ése fue el criterio aplicado en el caso del juez Cobo.

Cierto el planteo de Pettignano, pero es el mismo que se hizo a fines del año pasado, cuando el tribunal se aprestaba a tratar el caso del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. En ese momento, y de acuerdo a lo que indica la Constitución, el propio tribunal estableció que 11 votos es una mayoría suficiente para abrir el proceso.

En este sentido es que la presentación de Pettignano postergó un juicio que ya viene demorado y constituye una estrategia dilatoria en la que el oficialismo se juega la posibilidad de desactivar el proceso contra Frigerio, sin abrir la etapa de presentación de pruebas. Esto se definirá el lunes, cuando se reúna el tribunal.

Es en estas condiciones en las que llega la nota de las entidades empresarias y es bajo estas circunstancias que la prudencia adquiere contundencia política porque no quieren que se aborte el proceso, sino que se abra y se investigue: "Resolver lo contrario es atentar gravemente contra la necesaria transparencia en el manejo del agua y, consecuentemente, convalidar manejos y conductas que hoy aparecen como severamente sospechados de ilegítimos, arbitrarios y gravemente perjudiciales para la inmensa mayoría de los habitantes de la provincia".

La explicación que dan los mismos firmantes, fuera de micrófono, sobre su pedido es que "investigar no es imputar, pero si se rechaza la investigación significa que está bien todo lo actuado por Irrigación". La misma fuente se pregunta: "¿Desde cuándo es una ofensa investigar?"

La nota fue presentada ayer a la tarde al presidente del Jury, el juez de la Suprema Corte Jorge Nanclares. Al observar la firma al pie de la hoja introductoria surge otro dato destacado: quien actúa como abogado en representación de las entidades firmantes es el ex gobernador peronista Arturo Lafalla.