En plena época de las comunicaciones globalizadas, la informática y los entrecruzamientos de datos, nunca los encontraron. Hay quienes creen en razones de impunidad y complicidad judicial. La amenaza sigue latente, solo basta rogar que nunca estalle. (Por: Rubén Lasagno)

Las profundas marcas que aún quedan en la sociedad de Carmen de Patagones, no se borrarán nunca, luego que el 28 de septiembre de 2004 el menor Rafael Junior Solich, irrumpiera en su clase del 1er año Polimodal de la Escuela 202 Malvinas Argentinas y comenzara a disparar sobre sus compañeros con una pistola Browning calibre 9 mm propiedad de su padre, efectivo de la Prefectura Naval Argentina. Constituye la primera masacre escolar de América Latina.

En el ataque demencial de este alumno, tres menores murieron y cinco fueron heridos graves, con los disparos realizados a muy corta distancia. Personalmente hemos podido comprobar, recorriendo la localidad de Carmen de Patagones, el crudo impacto que como sociedad, recibió la pionera ciudad de las luchas contra la invasión de fuerzas extranjeras en el interior del país. “Fue un mazazo”, “no podemos recuperarnos”, “Patagones no es el mismo”, “nunca creímos que acá iba a pasar eso”, fueron algunas de las cosas que escuchamos de parte de los pobladores, cuando más de un año después de los hechos, hablamos con gente que o tenía un hijo en aquel colegio o conocía a un amigo o familiar de alguien que, quizás, conocía al chico asesino.

Lo realmente preocupante, desde aquel luctuoso suceso, hasta hoy, es el silencio y el olvido que cayó sobre los padres, Rafael Solich y Esther Pangue y del propio Rafael Junior, que hoy tiene 24 años y como la justicia nunca más pudo hallar a la familia para “notificarla” de que deben declarar a instancias de un juicio civil iniciado por los querellantes, dicha citación “ha caído”, pues desde el 4 de mayo de 2006, esta familia “desapareció” de Patagones y nadie más supo del paradero de ellos.

Esto que judicialmente es una aberración y que enciende la bronca de mucha gente y particularmente de los directos damnificados por la locura del entonces alumno de la Escuela 202, tiene una arista aún más preocupante para toda la sociedad. Es que Junior, que por entonces rondaba los 15 años de edad, debe haber asistido a escuelas y hasta universidades (donde puede estar en este momento), sin que sus compañeros y las familias que conforman la comunidad en la cual haya vivido todos estos años o viva actualmente, tengan noción del peligro al que se enfrentan.

Mucha gente de Carmen de Patagones, con la que hablamos en aquel momento, requerían a la autoridad judicial, un resguardo del menor y un control judicial, para evitar que la historia se repitiera. Esto nunca sucedió. Si bien los aproximadamente 2 años que duró la investigación y la instancia penal, el menor “fue resguardado” y aislado del contacto con otros chicos, luego todos le perdieron el rastro, inclusive (dicen) la Justicia.

Ahora, ante la imposibilidad de “dar con el paradero de la familia y notificarla judicialmente”, la jueza Ana María Araujo, subrogante en el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, decidió hacer “caer la medida”. El hecho, de acuerdo a las averiguaciones que se pudieron practicar, tiene todas las connotaciones de un encubrimiento político o judicial. El padre del muchacho, era un efectivo de Prefectura y tampoco transcendió que medida tomó la Fuerza con él, a pesar de que por ahí se dijo que había sido dado de baja y otros afirmaron que lo habrían retirado. Lo único que se conoce con certeza y lo corroboran fuentes de la propia PNA es que tuvo un arresto de 45 días por negligencia, debido a que dejó el arma reglamentaria al alcance de la mano de su hijo.

Nadie sabe nada. Es como si a la familia Solich se la hubiera tragado la tierra. Luego del suceso, el joven fue confinado en un centro de internación para jóvenes delincuentes en el partido de Ensenada. Posteriormente, fue declarado “inimputable” y en ese acto la jueza Alicia Ramallo se hizo cargo de la tutela y ordenó la internación en un centro neuropsiquiátrico juvenil en San Miguel (Bs As). De ahí en más nadie sabe nada. Todos parecen haberse esfumado. Hay, inclusive, quienes hablan de que el Estado les habría provisto una nueva identidad, para preservar sus vidas, cuando en realidad el Estado, debiera preocuparse más por preservar la vida de los ciudadanos comunes que son potenciales víctimas de tales atrocidades. Los legisladores están muy preocupados por denunciar a violadores que pueden habitar en un barrio o una cuadra (lo cual es muy válido), pero se olvidan de reglamentar un procedimiento similar para casos como estos, donde cualquiera de nosotros podría estar conviviendo con un psicópata asesino y tenerlo como un buen vecino.

Lo inquietante es que esta verdadera bomba de tiempo, puede andar mezclado en una sociedad, que en cualquier momento y a través de sus más diversos mecanismos de perversidad y discriminación, puede activar en él ese instinto que lleva adormecido y en el 2004 enlutó a Carmen de Patagones.

Si ello ocurre, como es normal en Argentina, no habrá responsables. Todos se lavarán las manos. Jueces y fiscales, buscarán atajos legales para guarecerse y la sociedad expuesta (todos nosotros) seguiremos viendo como nuestra seguridad se resquebraja, no solo por el crecimiento de la marginalidad, debido a condiciones socio-económicas decadentes, sino, por incompetencia o complicidad de quienes deben proveer justicia.