Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz tenían 26,19 y 24 años cuando los mataron las balas policiales un día como ayer pero de 1987. A casi 30 años, el concepto de “gatillo fácil” que se acuñó en la Masacre de Budge suma nombres para ejemplificarlo casi cotidianamente en los barrios populares del Conurbano y el país. Por eso, es el Día contra la Violencia Institucional, como un intento de detener lo que se frena con un cambio de paradigmas en las fuerzas represivas y sus cómplices en la Justicia.

Tres policías de la Comisaría del Puente La Noria acribillaron a los chicos aquel 8 de mayo. Había pasado poco tiempo desde el regreso de la democracia y los uniformados creían que su imperio todavía tenía vigencia sobre la base del terror. A las 19 de ese funesto día fueron asesinados a tres cuadras del Riachuelo, en Lomas de Zamora. La ley que desde 2013 rescata esa fecha para repudiar el abuso de poder policial, la ley 26,811, establece la inclusión en los calendarios escolares de jornadas alusivas para “realizar acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad, en respeto a la plena vigencia de los derechos humanos”, señaló Alejandro Zimerman, hijo de León, el abogado que defendió a las víctimas de aquel fusilamiento callejero, en un documento al que pudo acceder LA TERCERA.

En el barrio los vecinos no se habían quedado inmóviles como consecuencia de la era de la represión militar. Dos años antes de la masacre, en 1985, habían conformado asambleas para reclamar agua potable, desagües y mejoras en la calle, pedidos todavía vigentes. Ese nido de organización fue la base para reclamar justicia porque mientras velaban a El Negro, Willy y Oscar -como los conocían en la zona- ya habían comenzado a pensar cómo impedir que la impunidad ganase.

“Nos acercamos a decirles que para nosotros había que armar un petitorio y salir a reclamar por el esclarecimiento, a poner en evidencia el asesinato y la condena a los asesinos”, enfatizó Jorge Gómez, vecino de Budge en esa época y uno de los que sostuvo el reclamo. La cantidad de personas que fueron al cementerio era importantísima. “La idea había sido hacer bajar a toda la gente en Puente La noria, rodear la comisaría y hacer ahí nuestra primera acción. Pero evidentemente el de la cochería tenía contacto con la Policía y entonces nos desviaron el cortejo fúnebre”, relató en una entrevista al portal Marcha.

“El 9 de mayo de 1987 conformamos una Comisión de Vecinos y Amigos de Ingeniero Budge en repudio y esclarecimiento por los crímenes cometidos injustamente que suceden a menudo por asesinos uniformados. Dicha comisión apoya y se solidariza con los familiares de los jóvenes asesinados con el objetivo de terminar de una vez y para siempre con estas agresiones a la juventud”, decía la proclama fundacional de ese colectivo. Fueron 150 personas las primeras que se comprometieron con la causa. E iniciaron el camino de ponerle nombre a los culpables.

La connivencia

La complicidad policial, judicial y política es la que perpetúa la violencia. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), también vinculada en sus orígenes con León “Toto” Zimerman, entre 1983 y 2013 hubo 1158 asesinatos provocados por las fuerzas policiales de los 1840 que ocurrieron en toda la provincia. En todo el país, las Policías provinciales se cargaron la mayoría de los muertos, el 57 por ciento del total.

La entidad realiza un estudio a partir de las repercusiones mediáticas sobre los casos. Con esa base de datos, las “dos modalidades más frecuentes de la represión preventiva fueron los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes de personas detenidas”, precisa el colectivo. Se trata del 46 y el 39 por ciento de los casos, respectivamente. El 47 por ciento de las víctimas tenía menos de 25 años.