Desde hace por lo menos cinco años, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis no falla "conforme a derecho", tal la orden que recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso en el cual en el año 1998, tres magistrados de la provincia fueron destituidas con una conformación del Jurado de Enjuiciamiento, sin los miembros de los Colegios de Abogados, puesto que éstos habían sido dejados fuera de todo derecho por el entonces gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Una de esos jueces, Adriana Gallo, en diálogo exclusivo con Periodistas en la red, afirmó que el 19 de marzo próximo, tienen la última audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH), en la cual saldría una recomendación en contra del Estado Nacional, por no respetar los Derechos Humanos de las magistrados. Cabe recordar que en estos conflictos internacionales, el Estado Nacional debe responder por las provincias.
Esta recomendación, es la puerta abierta para iniciar un juicio contra el Estado Nacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH), lo que sería un punto oscuro para el gobierno de Cristina Kirchner, lo que a su vez, traería aparejado un fuerte enfrentamiento entre el gobierno nacional y el provincial.
Un poco de historia
Allá por 1998, los Colegios de Abogados de la provincia fueron disueltos por el Ejecutivo provincial, conjuntamente con el Legislativo, por fuertes cruces sobre la intromisión de estos Poderes sobre el Judicial.
Ante esto, los Colegios pidieron, al gobierno nacional, la intervención a la Provincia y varios Jueces y Secretarias adhirieron al pedido, lo que fue tomado por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, como proselitismo político por parte de la gente del Poder Judicial. Al mismo tiempo, llegó a la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, José Antonio Sergnese -hombre del riñón de Adolfo- y destituyo a las magistrados con un Jurado de Enjuiciamiento sin la integración de los Colegios de Abogados -ya sacados de la escena por Rodríguez Saá-, lo que fue totalmente inconstitucional y a la vez fueron exoneradas sin causa 11 Secretarias. Todos habían adherido al pedido de intervención de la Provincia.
Ante los reclamos de los damnificados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, "fallar conforme a derecho", pero las conformaciones anteriores hicieron caso omiso de la orden superior. La actual conformación, dictaminó conforme a derecho en algunos de los casos, pero todavía tiene "cajoneados" otros reclamos.
Comentá la nota