Se estima que en el país hay alrededor de un millón y medio de armas ilegales, por eso el Gobierno nacional retomará en marzo el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. El objetivo del mismo es reducir el circulante de armas en manos de civiles a partir de la entrega de las mismas de forma voluntaria y anónima a cambio de un incentivo económico.

En el marco de este plan, ya se entregaron y destruyeron en todo el país desde el comienzo 107.761 armas de fuego. A su vez, se recibieron 774.500 municiones.

En esta nueva etapa del programa se pondrá especial énfasis en los convenios con las provincias y los municipios, con el fin de lograr el desarme en todo el territorio nacional. Esta propuesta forma parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada, que incluye medidas de control del mercado legal y medidas de persecución del mercado ilegal de las armas de fuego.

“Cuando el arma es robada, para el delincuente es importante porque no le acredita propiedad e inclusive las puede hasta alquilar, entre comillas. Hoy en día, nadie se hace cargo de un arma, sino que se ‘alquilan’ o las que se roban en Tandil o Mar del Plata pasan a Rosario o Salta, y se les pierde el control. No tiene ninguna responsabilidad el dueño que la tiene en su casa ilegalmente”, explicó Alberto Tripodi, representante del Renar (Registro Nacional de Armas) en Tandil.

Bajo la consigna “Tenés un arma, tenés un problema”, el Ministerio de Justicia impulsó en todo el país el Programa Nacional de Desarme Voluntario y habilitó la línea telefónica gratuita 0800-666-4378, destinada a recibir denuncias sobre armas, explosivos y pirotecnia.

Se debe tener en cuenta el carácter voluntario de la entrega de armas, el cual representó en la primera etapa, aproximadamente el 8,5 por ciento del total de armas registradas en manos de usuarios civiles. Las armas fueron recolectadas en puestos fijos y móviles, y el material resultante de la destrucción fue donado a la Fundación Garrahan.

Prevenir la violencia

La Red Argentina para el Desarme sostiene que el programa no tiene como objetivo primario bajar los niveles de inseguridad, y destaca que su valor está en el mediano y largo plazo como una estrategia de prevención de la violencia. Asimismo, señala que no ataca directamente al mercado negro de las armas pero sí dificulta el desvío de armas registradas a manos ilegales.

“Lo que se busca no es desarmar a la población, sino legalizar las armas. Hay que ver que si una persona, por ejemplo, tiene una escopeta o una carabina en su campo, si no tiene las credenciales y las armas no están asentadas, no puede adquirir munición. Esa es una traba importante, pero siempre consiguen por medio de algún conocido, así que eso no ha dado mucho resultado”, aseguró Tripodi.

“Otra cosa importante es que toda persona que quiera legalizar un arma debe tener un trabajo en blanco, eso es otro inconveniente también. Y por otra parte inciden mucho los costos actuales, hoy legalizar un arma cuesta entre 300 y 600 pesos”, señaló.

Con respecto a los requisitos para acceder a un arma bajo la legislación vigente, Tripodi remarcó la idoneidad, la cual se puede obtener en el Tiro Federal de Tandil y además, la persona deberá pasar el examen psicofísico.

“Tenemos la suerte de tener una institución de tanta categoría en la ciudad, donde hay instructores. Tandil está en muy buenas condiciones, también lo está Bahía Blanca, Mar del Plata y todas las ciudades importantes del país”, destacó.