El mismo día en que la Confederación Mapuche, gremios, organizaciones sociales y partidos políticos –y la secretaría de Derechos Humanos del Municipio capitalino- se convocaron para movilizarse en respaldo a la comunidad Currumil, desalojada de una usurpación en Quillén, la diputada del Frente Grande Soledad Martínez le apuntó a uno de los ejes de la cuestión de fondo, y propuso mediante un proyecto de declaración que "Neuquén se involucre en forma inmediata en el proceso de relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas de nuestra provincia dispuesto por la ley nacional 26160", que se encuentra en proceso de concreción a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Precisamente, la legisladora expresó su "preocupación" ante la violencia registrada en el paraje de Quillen, y sostiene que "que se habrían evitado (esas situaciones) de haberse intervenido oportunamente asumiendo las responsabilidades y compromisos que las instituciones de la provincia no pueden soslayar".

Tal como informa Martínez en su proyecto, la ley 26160 dispone la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que "tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país", y ordena la suspensión de cualquier proceso que tienda al desalojo de comunidades indígenas por el término de cuatro años.

Pero lo polémico del asunto, es que la misma Ley ordena al INAI realizar un relevamiento "técnico, jurídico y catastral de todas las Comunidades Indígenas existentes en el país cuya personería se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o de aquellas preexistentes".

El punto que al gobierno provincial le preocupa, es que este relevamiento sería liderado por referentes del gobierno nacional y de las organizaciones mapuches, y la provincia podría perder "soberanía" en lo que ha sido su política de regularización de tierras a lo largo de su historia.

Sin embargo, la diputada Martínez sostiene que "estas situaciones conflictivas podrían comenzar a solucionarse mediante la puesta en marcha del proceso de relevamiento dispuesto por ley", y critica el hecho de que "la provincia ha expresado diferencias con los referentes del INAI y decidió no acompañar el proceso con las implicancias políticas e institucionales que ello tiene".