El último caso de violencia de género en la provincia, el número 14, donde el ex concejal de Pampa del Infierno, José Gaitano, golpeó sin compasión a su ex, Mirtha Castello, generó una mayor insistencia por parte de las organizaciones y los funcionarios que vienen solicitando la declaración de emergencia y trabajando contra este flagelo.

Por ello, el diputado del bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, solicitó a la Justicia que agilice los trámites para sancionar al responsable del hecho, señalando que «las huellas de la violencia persisten».

«Se siente, no sólo en la víctima, aún internada en Sáenz Peña, sino también en la sociedad que, al tiempo que condena unánimemente al agresor, demanda el fin de la violencia contra las mujeres y el fin de la impunidad para los violentos que la ejercen», expresó.

Asimismo, el legislador destacó la acción y el compromiso de los albañiles que se encontraban en el lugar del hecho, ayudando a la víctima. «La solidaridad ante lo ocurrido es para destacar como un paso adelante en la consideración de que cuando se ejerce violencia contra las mujeres se debe intervenir para hacerla cesar, abandonando la visión de que se trata de acontecimientos privados en los que no vale la pena entrometerse. Así lo entendieron dos ciudadanos de Pampa del Infierno que se encontraban realizando tareas de albañilería en casa de la docente al momento en que el violento Gaitano descargó su brutal agresión sobre Mirtha Castello. Es doblemente valorable la conducta de estos trabajadores de la construcción por tratarse, en el caso de Gaitano, de un hombre con vínculos con el poder político local y provincial, así como por ser ellos obreros que desempeñan su actividad en una ciudad de pocos habitantes, donde ponerse del lado de los débiles equivale más de las veces a quedarse aislado y marginado de los derechos más elementales», detalló.

CON BENEFICIOS

«Esta actitud de solidaridad ciudadana y también de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres con la víctima contrasta notablemente con la ausencia de funcionarios del gobierno provincial o legisladores del oficialismo. Por el contrario, los familiares de la agredida hablan de llamados a la justicia por parte de funcionarios públicos del justicialismo gobernante para interiorizarse de la situación procesal de Gaitano y sus posibilidades de ‘zafar’ de su casi seguro destino carcelario», agregó Martínez con respecto a la situación del agresor.

El diputado manifestó también que ahora el fiscal a cargo de la causa deberá decidir  en los próximos días, no sólo el dictado de la prisión preventiva, sino la posibilidad que se esté ante un verdadero caso de tentativa de homicidio agravado por la condición de mujer de la víctima.

Señalando los argumentos a los que debe aferrarse la Justicia para sancionar, Martínez destacó que la provincia cuenta con una decena de las más avanzadas normas de protección de las mujeres ante situaciones de violencia; la Justicia Penal chaqueña tiene, con las últimas reformas del Código Penal, las herramientas necesarias para avanzar en el camino del cumplimiento de la ley, «que no es otra cosa que el comienzo del fin de la impunidad para estos hechos y sus autores responsables», explicó.

«El derecho a la vida y la integridad psíquica y física de miles de nuestras ciudadanas demanda justicia», concluyó el funcionario.