Carlos Martínez, en carácter de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura chaqueña, concurrió a la comisaría de la localidad de La Escondida para interiorizarse respecto de la situación de Héctor “Pelado” Gómez, detenido en esa dependencia por orden del Fiscal Nº 9 Ernesto Azcona.

“Es una vergüenza que la democracia chaqueña tenga presos políticos” expresó Martínez, “porque es evidente que la situación de Gómez es una detención por motivos políticos, eso es inadmisible pero lamentablemente forma parte de la política de criminalización del conflicto social”.

El legislador lamentó que “los recursos materiales, la infraestructura y recurso humano policial en La Escondida no estén dedicados a la prevención del delito y a la conjuración de los hechos de violencia que afectan a la sociedad sino a ocuparse de cuidar un preso político, con el agravante de que ni siquiera se contempla la discapacidad que padece Gómez”.

Martínez, autor de la Ley 6443 que creó el Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, consideró que “el trato que se le está dando a Gómez como persona con discapacidad se enmarca en esta normativa como trato degradante” denunció, y solicitó al Gobierno Provincial “que tome cartas en el asunto antes de que tengamos una denuncia internacional”.

“Considero que este es un globo de ensayo que forma parte de todo el entramado de persecución política y social contra sindicalistas, contra movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que peticionan sus derechos” observó, “en ese sentido, condeno en particular la actitud del señor fiscal Azcona, que es funcional a los intereses del gobierno provincial y se dedica a meter presa a la gente que lucha por sus derechos y, en cambio, no hace nada con las denuncias contra los delincuentes de guante blanco, como los responsables del Instituto Emprender que estafaron a jóvenes por casi diez mil pesos”.