Finalmente Martini vetó la ordenanza que obliga a los abogados de la Asesoría Letrada del Ejecutivo a “ceder” la totalidad de los honorarios regulados por la Justicia, en el caso de causas en las que representen los intereses del Estado municipal. La normativa fue aprobada por mayoría en el Concejo el pasado 20 de marzo, en el marco de una sesión no exenta de polémica: el oficialismo del Partido Justicialista -con la excepción de la edil Edith Garro- criticaron la ordenanza calificándola de “demagógica” y advirtiendo sobre una colisión con leyes provinciales.

Por su parte, el autor de proyecto, Leandro Lescano (FSP), cuestionó que algunos abogados “ganen más que la Intendenta” debido a la percepción de los honorarios, y planteó que las arcas municipales se verían beneficiadas con la cesión de ese dinero.

Ahora, en consonancia con la postura del Colegio de Abogados de Bariloche y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Martini vetó la ordenanza Nro. 2500-13 argumentando que promulgarla “implicaría hacer entrar en vigencia una norma de imposible aplicación, por cuanto propone la modificación de una cuerpo normativo que se encuentra derogado”. Además, la Intendenta -con letra de la propia Asesora Letrada, María Marte Peralta- recordó que la normativa regula la “cesión total y anticipada de honorarios judiciales y extrajudiciales”, pero que “los honorarios profesionales tienen su regulación específica en la Ley Provincial Nro. 2212, cuyo art. 2 dispone: 'Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija o en relación de dependencia no podrán invocar esta ley, excepto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria'”.

Según la resolución de veto, “los letrados del Municipio no podrían legítimamente percibir honorarios profesionales a cargo de la Municipalidad, en atención a que perciben una remuneración fija por dicha labor, pero de ningún modo tienen limitaciones a percibir honorarios de la parte contraria condenada en costas”, y “la Ley Provincial citada prescribe en su art. 5 que 'Toda renuncia anticipada de honorarios o pactos por un monto inferior al que correspondiere de acuerdo con esta Ley, será nulo de nulidad absoluta'”.

Así, Martini interpretó como “nula” e “inconstitucional” la ordenanza.

En el mismo texto, anticipó que “en 24 horas” remitirá al Concejo un proyecto de “Distribución Administrativa de Honorarios Regulados en Ejecuciones Fiscales” que propondrá un sistema de reparto similar al de la AFIP o la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia (ART). Esos organismos tienen regulados un mecanismo de distribución de los recursos derivados de los juicios, en porcentajes a determinar. Es decir que, en caso que progrese la iniciativa oficial, los abogados percibirían un porcentaje de los honorarios regulados y lo restante irá a las arcas municipales.