Pidió «no hay que subestimarnos a nosotras como mujeres», ya que dijo, «estamos hablando de mujeres que fueron víctimas en este caso de una violación y que el Código Penal las habilita a interrumpir su embarazo», para lo que fue «muy importante» el último fallo del Superior Tribunal al permitir a una joven comodorense violada por su padrastro interrumpir su embarazo.

Sobre la aplicación, sostuvo que «nosotros especialmente lo trabajamos con la gente de Salud, previendo evitar escollos para la futura aplicación de la norma, así que esperamos que se ponga en funcionamiento cuanto antes», y agregó que ya la Provincia «había adherido al protocolo de atención para los abortos no punibles que en su momento sacó el doctor Gines González García en Nación».

Sin embargo, dijo que «hacía falta este marco normativo que claramente definiera de quién es la responsabilidad, que es de la Secretaría de Salud», y no del médico. Incluso recordó que ahora se abre la inscripción en «un registro de objetores de consciencia, que no es para juzgar quién es objetor o no, es para que el Estado sepa con qué personal cuenta para garantizar a la mujer que desee llevar adelante esta práctica».

También dejó claro Ripa que esta ley autoriza la intervención «siempre y cuando la mujer así lo desee», lo que debe expresar por escrito, ya que dijo, «en ningún caso hay ninguna obligación de la mujer de realizar la práctica, que por convicciones personales, religiosas, éticas, morales, puede decidir seguir adelante de su embarazo».

«La situación se da cuando en estas excepciones que plantea el Código Penal, donde el aborto es permitido, la mujer quiere llevar adelante la práctica y se le genera obstáculos para acceder a la misma en los centros de salud pública», especificó.