Aunque paguen el costo de una sentencia políticamente incorrecta.Pudieron haber encontrado un vericueto argumental para mantenerlos en la cárcel y quedar bien con todo el mundo. El tercero que votó en disidencia fue por esa opción. Pero la ley impone exigencias precisas para la prisión preventiva. Y a ellas se ajustaron los otros jueces ¿Qué tendría de cuestionable cumplir con la ley, así sea lo que uno o todos no quieren?

Derogados el Punto Final y la Obediencia Debida, se dispararon cientos de causas contra los represores. Son casos claros pero a la vez muy complejos de investigar. Con pruebas que hay que hallar después de 30 años. Y testigos indirectos la mayoría de las veces. El Gobierno no pensó en una estrategia y un marco jurídico específicos para contener semejante aluvión de juicios. Ni siquiera aceptó discutir un proyecto de la UCR, cajoneado en el Senado. Hay un terreno propicio para que los abogados de los represores entorpezcan todo hasta que las causas se caigan. Y nichos de complicidad en la propia Justicia. Pero cuando el Gobierno pide enjuiciar a los jueces del fallo no puede justificarlo ni por su mal desempeño ni en la ilegalidad de la sentencia. Pretende, en realidad, que la Justicia actúe de acuerdo a sus deseos.