Ayer se realizó una nueva marcha pidiendo por el fin de los femicidios y la declaración de la emergencia en violencia de género provincial.

Organizada por familiares de víctimas, la movilización partió desde las avenidas Colón y General Paz. Desde allí una nutrida columna reclamó por medidas urgentes para esta realidad que en el 2014 se cobró 21 vidas en Córdoba.

Al respecto, Marina Acosta, hermana de Paola, la joven asesinada cuando quiso cobrar la cuota alimentaria de su hija, destacó: “La marcha está enmarcada por el Día Internacional de la Mujer, de la que participan agrupaciones de genero, por el fin de los femicidios, a lo que nosotros le sumamos el reclamo de justicia por Paola, ya que el juicio está próximo”.

El viernes familiares de víctimas de femicidios presentaron ante la Legislatura de Córdoba un proyecto para declarar la emergencia provincial en violencia de género y en el que solicitan que el organismo de control de la norma sean los familiares de las mujeres asesinadas.

La iniciativa incluye la modificación del presupuesto, “por lo que la tiene que presentar sobre tablas algún legislador, no lo podemos ingresar como iniciativa popular”, explicó Acosta.

La joven, hermana de Paola, señaló que el proyecto “se puede modificar, poner o sacar lo que crean necesario otros legisladores, salvo que los familiares seamos el órgano de control, y el espíritu del proyecto que es que se tomen medidas reales contra este tema”.

Por otro lado, los familiares, comenzaron este sábado con la recolección de firmas para presentar de igual forma el pedido por iniciativa popular. “La iniciativa la vamos a presentar igual, una vez que reunamos el 0,9% del padrón, para apoyar y darle un nuevo impulso al pedido”, agregó Acosta.

Por su parte, las mujeres del Frente Amplio Progresista (FAP) Córdoba, expusieron ayer en la Legislatura sobre “la agenda de genero no abordada por la gestión municipal y provincial: implementación de la Ley de Educación Sexual integral, Protocolo de aborto no punible, Interrupción voluntaria del embarazo, violencia de género y condiciones laborales”.

Durante la actividad, demandaron “la inmediata declaración de emergencia provincial por violencia de género, con el objetivo de que se destinen los recursos materiales y técnicos necesarios para la correcta aplicación de la Ley Provincial 9283 de Violencia Familiar y la Ley Nacional 26.485 para prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres”.

El proyecto presentado el viernes contempla la declaración de emergencia por un lapso de dos años. La incorporación de campañas de información y concientización, además de la formación para agentes judiciales, y de las fuerzas de seguridad. La creación de centros Integrales de la Mujer en la capital e interior provincial, y refugios para el albergue transitorio, contención y atención de las víctimas de violencia de género.

Propone también garantizar la independencia económica, a través de una asignación económica mensual y la creación del Observatorio Provincial de la Violencia Contra la Mujer.