La manifestación llegó hasta Piedras y Congreso, sede de la justicia federal. Los participantes apuntaron al juez Fernando Poviña, a quien acusaron de estar protegiendo a los funcionarios alperovichistas. 

El expediente se había originado por la denuncia de la entonces cooperativista Paola Ruarte, que estuvo en la concentración. “Ruarte se animó a denunciar la corrupción del poder. No se vendió a las presiones y a las ofertas de plata y trabajo que le hicieron desde la Casa de Gobierno”, consignó Federico Masso (Libres del Sur). 

Juan Roberto Robles, abogado de Ruarte, acusó a Poviña de no haber “movido un solo papel” para investigar la imputación al legislador Guillermo Gassenbauer y a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin.