Trabajadores del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) sindicados en La Asociación Bancaria volvieron a manifestarse en reclamo del traspaso a la Caja de Jubilaciones provincial.

Esta vez, los empleados decidieron cambiar la modalidad de protesta que se basaba en un corte de calle sobre 25 de Mayo y Monte Caseros de la capital entrerriana, frente a la sede central de la empresa, y marcharon a la Casa Gris.

“La decisión de cambiar el método se viene discutiendo en las asambleas porque es una forma de procurar una respuesta. Si de la manera en que nos manifestábamos no surtió efecto, entonces rotamos la modalidad, y continuaremos haciéndolo hasta que nos den una respuesta”, advirtió la secretaria adjunta del gremio, Griselda Facello. Los manifestantes se concentraron frente a la sede central y desde ahí partieron a la Casa de Gobierno. Bombos, banderas, volantes y bombas enmarcaron la protesta. Los bancarios, enfundados en sus tradicionales camisas blancas, recorrieron el centro.

“No tenemos ninguna intención de perjudicar a la Caja de Jubilaciones, sino no estarían los jubilados provinciales presentes, tampoco los activos que aportan al régimen de la provincia. Por lo tanto, cualquiera de las expresiones que tuvieron los distintos sectores -ligados a la administración pública-, sólo pretenden desvirtuar el reclamo que llevamos a cabo”, manifestaron frente al edificio gubernamental.

En tanto, alertaron sobre “el silencio de los legisladores que no pregonan para que la leyes que aprueban tengan vigencia”. Asimismo, deslizaron que “no sorprende la actitud del gobernador (Sergio Urribarri) de dilatar la situación”. Pero, adelantaron que no abandonarán la lucha: “No vamos a dejar de reclamar hasta que no logremos este objetivo, y así nos vamos a seguir movilizando todos los martes y jueves hasta que tengamos una respuesta definitiva y, por supuesto, favorable a lo que estamos pretendiendo”, indicaron.

“La Caja de Jubilaciones ha perdido 23 millones de pesos por no reglamentar la ley. Si la hubiese puesto en vigencia en 2009, cuando fue promulgada, hubiese recibido un importante aporte de los trabajadores”, explicaron.

“El fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes), quien se supone que debe defender los intereses del Estado provincial, ha salido a manifestar que esta norma es inconstitucional. Pero para que eso suceda tiene que haber un perjudicado, que en este caso sería la Caja de Jubilaciones. Es decir, que el damnificado es la misma parte que promulgó la ley”, reflexionaron.