Este fin de semana se cumplieron siete años de incumplimiento del convenio judicial que obliga el cierre definitivo de la Ceamse. Es por eso que las ONGs que conforman la asamblea No+Ceamse y vecinos de la región realizaron una reunión en la puerta del relleno ubicado en Punta Lara.
A continuación, la entrevista completa.
RP.- ¿Cómo está la causa?
El 6 de diciembre del 2006 se firmó el convenio en la Suprema Corte de Justicia entre las distintas partes, luego que las organizaciones no gubernamentales que integran la asamblea No+Ceamse -Nuevo Ambiente y centro Vecinal Punta Lara- obtuvieran dos fallos judiciales a favor del cierre definitivo del mega basural.
El 20 de diciembre del 2006, la misma Corte homologó el convenio por lo que adquirió la figura de un fallo, pero lamentablemente los vecinos siguen padeciendo la contaminación de la Ceamse, que debió cerrase hace exactamente 2.202 días.
Además, ese convenio abarca la reparación de la diagonal 74 y la forestación de la zona. Por eso nosotros nos estamos manifestando, por el incumpliendo del convenio judicial.
El gobierno de la provincia sigue incumpliendo los compromisos judiciales al no cerrar el relleno ilegal, y por ello la Justicia, mediante el máximo tribunal, tiene el deber de intimar al gobernador y sus funcionarios a cumplir con las leyes. No se puede concebir que el gobernador siga evadiendo a la Justicia y continúe violando los derechos ambientales de los ciudadanos de la región, ante hechos de contaminación que ya han sido comprobados.
RP.- ¿Qué es lo que piden?
El cumplimiento del convenio y que den una solución rápida al tratamiento de la basura en la región, ya que por otro lado la construcción de la planta de tratamiento de residuos está paralizada hace siete meses.
RP.- ¿Está paralizada porque no está el dinero?
Ya se dio el veinte por ciento del total de la obra que establece el contrato. Ahí está el problema, porque el municipio de Ensenada tomó parte de ese veinte por ciento para comprar tierras en donde se instala la planta.
El tema es que el contrato no estableció eso, sino que ese porcentaje tiene que estar destinado en su totalidad a la construcción de la planta, porque el municipio debe ceder las tierras. Ahí hubo una desprolijidad administrativa, tomaron el dinero y destinaron parte a un área que no correspondía y se compraron las tierras.
Más allá de eso, nosotros le solicitamos a la provincia que se entreguen los certificados de obra de las cosas que ya se han realizado.
Y el viernes 20 a las 10.00 nosotros vamos a solicitar un pedido de audiencia a la Corte, y estaremos realizando una radio abierta en apoyo al pedido.
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