Opinó que el criterio de distribución no se ajusta a la actualidad ni prevé la complejidad de las grandes ciudades y aclaró que la idea no es enfrentar a los municipios entre sí sino plantear una reforma que garantice un reparto más equitativo partiendo de la base de que es necesario aumentar “la masa del fondo coparticipable”. Por otra parte, Saín criticó a Scioli en relación al conflicto docente, enfatizando que la provincia cuenta con los recursos necesarios para solucionar la disputa.

RP.- ¿En qué consistió la jornada de ayer?

Tuvimos una jornada sobre la coparticipación, donde expusieron académicos que han trabajado el tema desde la Universidad General Sarmiento, donde vana exponer también técnicos y administrados de determinados municipios, donde vamos a discutir uno de los temas más controvertidos de la provincia. Es un tema rezagado. Tiene que ver con la unidad que deben tener los municipios como instancia de responsabilidad de gobierno y también con la gestión provincial de fondo al respecto.

El actual régimen data de la década del 80, con criterios de distribución de recursos que daban cuenta de situaciones que hoy no existen. Hoy la provisión de servicios básicos para la población es muy compleja, sobre todo en municipios urbanos. Hay una serie de anacronismos en el reparto de los fondos entonces queremos discutir nuevos criterios haciendo un diagnóstico del sistema actual.

No lo estamos haciendo con un espíritu de confrontación entre el Gran Buenos Aires y las grandes ciudades con los municipios rurales; en cualquier esquema de reforma claramente debería haber un sistema de transición donde se garantice a los municipios que los actuales recursos que reciben con la coparticipación estén garantizados durante todo el período.

RP.- ¿Cuáles son las principales deficiencias del régimen actual?

Hay muchos anacronismos. Uno de ellos es que el porcentaje del monto coparticipable en relación a los recursos de la provincia es bajo. En los últimos años todos los municipios han asumido responsabilidades en materia de gestión de medioambiente, seguridad pública, educación, salud, fomento para las industrias o los desarrollos productivos, y muchos lo han subvencionado con sus propios recursos; en algunos casos la provincia ha transferido fondos formalmente. Los municipios tienen problemas muy fuertes gastando de sus propios recursos.

La capacidad tributaria de los municipios es clave porque además desde el 2003 ha habido un proceso de descentralización tributaria donde se descentralizó el cobro de impuestos, aunque no es de total disponibilidad por parte de los municipios pero me parece que esto es clave. El año pasado hubo una reforma tributaria que en el fondo fue un impuestazo. Me parece que hay que volver a discutir este tema con seriedad y por fuera de coyunturas políticas.

Uno de los problemas serios en esta provincia es la complejidad de la gestión en las grandes ciudades, por eso hay que tener un criterio novedoso. Tiene que haber criterios sociales más fuertes. Por eso hacemos esta jornada para debatir. Los amigos de la Universidad de General San Martín han elaborado una propuesta y nuestro bloque, sobre la base de esa propuesta, estamos elaborando un proyecto de ley.

RP.- ¿Cómo afectaría una reforma en la coparticipación a los municipios rurales, siendo que hoy son los que más se benefician?

Los fondos que hoy reciben estos municipios deberían ser mantenidos nominalmente en un período de transición que no debe ser menor a cinco años, hasta un nuevo régimen, si se aprobase ese nuevo régimen. En todo caso, la nueva distribución tiene que ser garantizada a partir del aumento de lo que es la masa del fondo coparticipable. Todos los municipios han generado una estructura de gastos y compromiso con sus ciudadanos en relación a la distribución actual, por ende sería injusto que no se garantizara esto. Hay municipios que hicieron grandes inversiones en materia de salud y uno no podría quitarle esos recursos en función de que haya justicia en la distribución actual.

RP.- ¿Qué opinión le merece el conflicto docente?. ¿La provincia cuenta con fondos como para solucionar las demandas del gremio?

Yo creo que existe un margen de maniobra como para que la provincia pueda responder positivamente el reclamo. Un 22,5 por ciento distribuido a lo largo de todo el año con cierta pauta inflacionaria es una propuesta para que los gremios continúen en una política de desgaste propio a partir de esta huelga. Es forzar a los gremios a la medida de fuerza.

Este es un escenario complejo y me parece que el gobierno tiene algún tipo de especulación política porque me da la impresión de que cuenta con recursos para esto. Quizá está pisando un poco el freno porque piensan destinar fondos a la campaña electoral. Eso explica por qué el gobernador no tiene interés en solucionar este conflicto; valora más su proyecto político que la situación de los alumnos de Buenos Aires.