La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, afirmó que nunca dio la orden de desalojar la vía pública el miércoles 7 de mayo pasado, cuando la policía reprimió a trabajadores estatales que marchaban por reclamos salariales.
La jueza indicó, además, que el jefe policial que se comunicó con ella a través de un llamado a su celular le dijo que "se había dispuesto un operativo porque había dos grupos que venían marchando desde el Hospital Perrando, y otro grupo desde Desarrollo Social, y que personal policial los acompañaba."
"Me dijo que se iba a garantizar la circulación y que la policía los acompañaba y que los iban a guiar para que suban a la plaza. Lo que manifesté fue que me parecía bien que la policía acompañe y se garantice la circulación vehicular, pero (les recordé) que estaba prohibido el acampe en la plaza", detalló la jueza.
"Les dije que sí, que suban a la plaza, porque me pareció correcto que se garantice por un lado el reclamo de la gente que estaba agrupada, y por otro lado el de la gente que iba a circular, pero que tuvieran la precaución de que no llevaran carpas para que no exista un acampe en la plaza 25 de Mayo", señaló Cortés.
"El jefe policial me llamó a mi celular personal y luego se comunicó al celular de turno del Juzgado de Faltas. Fue una comunicación en la que me ponía en conocimiento del operativo y de cuáles eran las medidas que iban a implementar", añadió.
"Nunca di una orden de desalojar la plaza ni la calle, ni nada. Yo las órdenes las doy por escrito, a través de una resolución o de argumento fundado. En este caso fue una comunicación, como siempre sucede todos los miércoles, porque todos los miércoles tenemos cortes de tránsito en inmediaciones de la Casa de Gobierno", dijo la jueza.
Respecto a declaraciones de funcionarios del Ejecutivo provincial que hicieron referencia a una orden judicial, Cortés aclaró que "ellos hablaban de un respaldo judicial y no de una orden". "Ellos dijeron que la policía actuó con respaldo judicial. Nunca hablaron de una orden judicial. Interpreto que ellos entienden el respaldo porque a mí me pusieron en conocimiento del operativo.
Orden concreta no hubo, y ellos tampoco hablan de que hubo una orden", señaló.
La juez Cortés aclaró, por otra parte, que la llamada telefónica la recibió en su oficina, y que en el lugar del hecho estuvieron los ayudantes fiscales. "El fiscal interviene porque supuestamente se habían roto vehículos", explicó.
"Trato de ser cautelosa en estas cuestiones. He estado en algunas manifestaciones en la que estuvo UPCP en años anteriores. Impedí, en esa oportunidad, el acampe en la plaza 25 de Mayo, pero (esa vez) me apersoné en la manifestación con una orden escrita y fundada en la mano, como corresponde", sostuvo.
"Estas cosas no hay que decidirlas por teléfono. Hay que estar en el lugar y ver qué pasa. Hay que canalizar el reclamo. Hay un protocolo de actuación policial. Creo que desde los dos lados las cosas están mal hechas, porque por un lado no se requiere cortar una calle ni hacer un acampe en la plaza para entregar un petitorio al gobernador, existen las vías administrativas para hacer el reclamo", dijo.
"Obviamente que también está garantizado el derecho a manifestarse. Acá tenemos en pugna varios derechos, pero lo que tenemos que hacer es tratar de perturbar lo menos posible", agregó.
"Faltó tolerancia, consenso, diálogo. El rol de la Justicia es un poco difícil, en el sentido de que tenemos que consensuar los intereses de ambas partes. Por un lado un sector que reclama un derecho que considera legítimo y lo ejerce. Ejerce su derecho constitucional de peticionar lo que ellos consideran legítimo. Por otro lado está la sociedad que se ve afectada en su desplazamiento, y el gobernante de turno que debe analizar el mérito y la oportunidad del reclamo para dar o no dar", reflexionó.
"Creo que acá también surge muy clara la necesidad de la Policía Judicial, porque no nos olvidemos que el Ejecutivo es el jefe político de la policía, y la policía actúa en ese sentido", sostuvo.
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