Luego conocerse públicamente la existencia de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) firmado por el intendente Domigno Amaya mediante el cual reitera la operatoria del desaparecido ‘Pacto Social’ cediendo los recursos municipales, desde la Coalición Cívica, la concejal Sandra Manzone, se mostró alarmada por este hecho y manifestó:

“En este caso no caben dudas de que en la acción de la Intendencia hubo reiterados vicios que convierten en nula toda su acción. La ordenanza 2.372 del año 1996 que reglamenta el funcionamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia es taxativa tanto cuando dispone la obligación de que cada DNU sea remitido al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su consideración y ratificación, como también cuando prevé específicamente que, en ese mismo acto, “en caso de encontrarse en receso el Honorable Cuerpo deberá acompañarlo con la respectiva convocatoria a sesiones extraordinarias para su tratamiento”, hecho este último que tal cual puede constatarse jamás ocurrió.

El ingreso del DNU al Concejo Deliberante se produjo cuando se encontraba en receso, ya que si bien se había prorrogado el período de sesiones ordinarias (resolución 4.702) esto fue sólo hasta el 29 de diciembre. Mientras nuestro cuerpo deliberativo hasta debió autorizar (conforme corresponde a nuestras facultades) en diciembre pasado la adhesión al beneficio extraordinario de fin de año otorgado por la provincia para los empleados municipales, todo lo que se ha hecho aquí se hizo a espaldas del Concejo Deliberante, y fundamentalmente a espaldas de la ciudadanía.

Entre tanto públicamente se manifestaba que el Pacto Social había finalizado y que era voluntad del Municipio retomar la administración de sus recursos cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución, además de otras polémicas medidas como habilitar el desvío de recursos recaudados en concepto de Cuentas Especiales para gastos no previstos como sueldos y obras, por debajo evidentemente se venía planteando esta arquitectura de entrega total, por medio de la que nuevamente quieren ceder la administración económica de San Miguel de Tucumán una vez más, y por otro año más, como nos tuvieron tristemente acostumbrados (José) Alperovich y Amaya durante 11 años, siendo esto contrario a la CN, CP, y un verdadero ultraje a la Autonomía municipal, sólo declamativamente consagrada.

Mientras el Gobierno provincial y la intendencia ni siquiera logran conciliar cuánto es la cifra de la deuda aún pendiente de cancelación, y dirimieron durante 20 días sus desavenencias en declaraciones cruzadas a través de los medios, si logran al parecer volver a acordar en lo que respecta a que la ciudad se endeude bajo la velada figura de la “asistencia financiera”, sin que al día de hoy podamos determinar por falta de instrumentos si esto beneficia o sólo acrecienta el perjuicio a los intereses del municipio.

Cabe preguntarse entonces si en estos 23 días el Ejecutivo firmó y/o contrajo algún compromiso económico-financiero teniendo en cuenta que el pretendido instrumento en que basa su accionar es incontrastablemente NULO, por no haberse formulado convocatoria a sesión extraordinaria, habiéndose ocultado su existencia hasta inicio de la presente semana, y habiendo vencido el plazo previsto de 10 días hábiles para su tratamiento y consiguiente aprobación o rechazo del Concejo. Por lo tanto, tal cual determina el régimen municipal, este polémico DNU carece de toda validez legal, y solamente profundiza el camino de degradación institucional de Tucumán.