La Policía puede respirar tranquila, al menos por el momento. Ocurre que Carlos Giovanniello, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desestimó las medidas cautelares que había pedido la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad. En virtud de esa decisión del 31 de enero, la Policía percibirá los aumentos salariales que logró durante el acuartelamiento de diciembre. Subsidiariamente, la fuerza no será obligada a poner en marcha un mecanismo democrático para negociar mejoras económicas y condiciones de labor.

Para así decidir, Giovanniello dijo que los intereses individuales comprometidos en el caso (el de cada uno de los agentes de la Policía) desaconsejaban la suspensión provisoria del decreto del gobernador José Alperovich que otorgó el aumento del 35%. “Así como la suspensión de la liquidación de haberes con base en las nuevas cifras podría afectar derechos adquiridos, una ulterior paralización de aquella, con la expresa previsión de medidas que dispongan, por ejemplo, la devolución de las diferencias, no parece lesionar aquellos intereses”, razonó el juez. En otros términos, Giovanniello expresó que la liquidación con el incremento no se presentaba como una situación irreversible e irremediable que mereciese la tutela cautelar perseguida por la ONG que preside al abogado Carlos Felipe Díaz Lannes.

A ello se suma, según el magistrado, que la demanda de nulidad está apoyada en la idea de que Alperovich concedió el aumento obligado por la situación de caos que vivía la provincia en virtud de la huelga policial. El mismo gobernador admitió públicamente en ese momento que había habido una extorsión y la Fiscalía de Estado denunció la supuesta comisión del delito de sedición en sede penal (debido a ello, la Justicia dispuso la detención de los policías y ex policías que encabezaron el acuartelamiento) .

“Como bien invoca la ONG, estos hechos están siendo investigados en el fuero competente (el penal), en una causa cuya instrucción está aún en trámite. Es decir, no existe pronunciamiento firme respecto de la efectiva comisión de los mencionados delitos (...). Y lo cierto es que el planteo cautelar se sostiene inescindiblemente en alegaciones que parten de la premisa de que se han cometido aquellos delitos”, recordó el vocal Giovanniello. Así como la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo alusión al caso penal, un integrante del Ministerio Público, el fiscal Washington Navarro Dávila, opinó este lunes que la posición de la Provincia en el juicio de la ONG podía influir en el resultado de la investigación de la supuesta sedición (ver abajo).

Activismo injustificado

El que no obtiene lo mínimo, tampoco logra lo máximo. Giovanniello honró ese principio más viejo que el mundo cuando, luego de negar la suspensión cautelar del decreto cuestionado, procedió a rechazar la medida cautelar que propugnaba una negociación salarial democrática. “El mecanismo propuesto por la fundación aparece estrechamente ligado al acogimiento favorable de la suspensión de la ejecución del decreto que estimé improcedente, lo que resultaría suficiente para desestimar la segunda pretensión cautelar”, añadió.

Pero fue más allá y acogió la tesis del Gobierno, que en la respuesta a las medidas solicitadas, expresó que la Justicia no podía entrometerse en esferas de poder pertenecientes a la Legislatura y al Poder Ejecutivo. “Considero que las medidas (de democratización) pedidas no se corresponderían con un Poder Judicial como el diseñado en nuestra provincia y país, que encuentra sus límites en los principios republicanos de gobierno, con un sistema de frenos y contrapesos establecido en la Carta Magna”, argumentó.

Los Tribunales han de limitarse al resguardo de la Constitución y demás normas, según el criterio de Giovanniello. “No parecería justificado, en principio, el activismo judicial para la intromisión en asuntos de gobierno, de administración, de financiación y negociación como los propuestos ya que, además de invadir atribuciones ejecutivas, implicaría ejercitar una potestad legislativa reservada exclusivamente al poder legisferante”, adujo el compañero de estrado del vocal Rodolfo Novillo.

La Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad puede recurrir la resolución de Carlos Giovanniello que denegó las medidas cautelares. En ese caso, la cuestión ha de ser resuelta por el vocal Rodolfo Novillo. En paralelo, el tribunal competente debe sustanciar las excepciones que opuso la Provincia.