Según anticipó en una entrevista radial la tesorera y principal referente de la Tupac Amaru en Salta, Valeria Guardo, los manifestantes que ayer fueron detenidos y sus familiares que acamparon en las puertas del IPV pidiendo por su liberación volverán al IPV en busca de respuestas luego de realizar hoy la denuncia por la supuesta agresión sufrida en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

De esta forma violarían la disposición del juez de Garantías en feria, Héctor Martínez, quien dispuso que por el delito de “ lesiones, resistencia a la autoridad y daños calificados”, durante el término de tres meses, las siete personas deberán presentarse periódicamente en la dependencia policial más próxima a su domicilio para informar domicilio y, durante el plazo de 30 días, no podrán concurrir a las dependencias del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, esto último con la salvedad de que necesitaran hacerlo por trámites particulares, y en tal caso deberán solicitar la autorización correspondiente.

Guardo insisitó en que la organización presentó un proyecto en 2008 para la construcción de viviendas en los terrenos que poseen en el municipio de Cerrillos, aunque el Director del IPV, Fernando Alesanco explicó a los medios, y aseguró a los manifestantes, que esa dependencia gubernamental no trabaja con organizaciones sociales.

“Nosotros cumplimos todos los pasos protocolares necesarios y jerárquicos. Hablamos con el Municipio de Cerrillos, con el IPV y con Nación. Ayer no nos presentamos porque somos machos y somos muchos sino porque desde hace años hacemos todas las gestiones necesarias" concluyó la tesorera.