“Basta de criminalizar la protesta social; desprocesamiento ya de Paz Corrial, de Damián Vekelo y de los más de 6.000 procesados por luchar; libertad a los presos políticos de Bariloche; libertad a los presos políticos de Corral de Bustos; abajo la Ley Antiterrorista; justicia por Mauricio Araujo y todos los casos de gatillo fácil”. Algunos de los reclamos particulares de la “Comisión por el Desprocesamiento de Paz Corrial y todos los luchadores populares”, perteneciente al Frente Antirrepresivo. Fue así que este martes, como en otras ciudades del país, Mar del Plata tuvo su jornada de manifestación frente al Tribunal Oral Federal (avenida Luro y Santiago del Estero).

“En Rio Negro, ante los saqueos ocurridos en diciembre, y que son expresión del hambre y la miseria que gobiernan en el país, los gobernantes se ocuparon de buscar rápidamente responsables. La persecución focalizó en el Movimiento Social y Cooperativo 1º de Mayo provenientes de los barrios humildes de Bariloche, deteniendo en condiciones inhumanas a militantes de dicha organización”, explicaron los manifestantes.

“Este gobierno –siguieron- que tiene el negro mérito de ser quien más presos políticos tuvo en la historia, también mantiene tras las rejas a seis compañeros acusados de participar en la pueblada de Corral de Bustos en el 2006”, para luego añadir que “la escalada represiva también se expresa en los más de 6.000 procesados por luchar, en los casos de tortura en las comisarías y el gatillo fácil que impunemente asesina un pibe por día”.

En ese contexto, también relataron que “un caso emblemático de persecución a los que luchan es la causa abierta a Damián Vekelo, compañero del Frente de Acción Revolucionaria, y a otros cinco compañeros por manifestarse contra la política genocida de Israel en el 2009. A dichos compañeros se los acusa de prepotencia ideológica, lo cual se encuadra en el artículo 213 Bis del código Penal, que criminaliza la ideología política y cuyas penas alcanzan los ocho años de prisión; sería la primera vez que se aplica con este fin, sentando un precedente tremendo de avance en la persecución política, en la misma línea del paquete de Leyes Antiterroristas impulsadas desde los organismos internacionales”.

A nivel local, según manifestaron. “en vísperas de un 24 de marzo, la compañera Paz Corrial, de la Corriente Universitaria Amaranto, fue detenida por un Policía Federal de civil y acusada de realizar la pintada la sangre derramada no será negociada, con lo cual se le abrió una causa federal cuyas penas alcanzan los cuatro años de prisión”.

Sobre el final, dejaron un mensaje claro: “Responsabilizamos a los gobiernos nacionales, provinciales y locales de esta embestida represiva contra todo el pueblo trabajador. Manifestamos nuestra firme decisión de enfrentar la criminalización de la protesta social con más lucha y organización”.