El personal de la unidad carcelaria reclama que se designen nuevas autoridades, preocupados por la falta de respaldo que sufren tras la separación de Poblete.
El personal mantuvo reuniones con dos técnicas del Servicio Penitenciario llegadas desde Viedma, pero al cierre de este envío no habían alcanzado ningún acuerdo.
El disgusto de los guardias surgió a partir del apartamiento de Poblete. Por decisión del gobierno provincial fue relevado de la jefatura y reemplazado por su segunda, Marisol García, quien no tendría la jerarquía y grado para ejercer esa responsabilidad.
Según informaron a "DeBariloche" representantes del personal -que pidieron mantener en reserva su identidad para evitar sanciones- la cárcel se encuentra tranquila hasta el momento pero hay fuerte temor entre los agentes de las consecuencias que podría acarrear un eventual desborde. Las negociaciones entabladas con las directoras técnicas del Servicio Penitenciario Diana Jerez y Florencia García no aquietaron el malestar de los efectivos que reclaman el retorno del jefe desplazado.
"Estamos a la deriva y sin el capitán del barco" aseguró uno de los agentes que no ocultó su malestar por el procesamiento de Poblete y su apartamiento de la conducción que había asumido en noviembre de 2012 en calidad de interventor, con la misión de poner orden a sucesivos disturbios que había convertido la unidad carcelaria en un polvorín.
Agregaron que "estamos sin respaldo de jefes ni oficiales, no tenemos responsables de lo que pueda ocurrir aquí adentro ni seguridad para nosotros mismos" explicó el agente.
El Penal 3 cuenta con 60 efectivos penitenciarios de los cuales solo 15 tiene una antigüedad superior a cinco años en ese servicio. Unos 20 ingresaron hace seis meses y todavía están en período de formación.
"Nadie quiere agarrar este Penal porque es un quilombo, le estamos pidiendo a esta gente que si no tiene a nadie para poner que vuelva la conducción que estaba, que ayudaba al personal y también atendía los internos sin la ayuda de Viedma" sostuvo el informante.
Parte del malestar expresado a las funcionarias del Servicio gira en torno a la celeridad con que fueron procesados el jefe y los oficiales acusados de torturas. "El juez Lozada, que los procesó (a Poblete y los oficiales), para un interno tarda cinco o seis años, para los compañeros tardó menos de un mes", dijo.
El juez Martin Lozada confirmó la acusación el pasado 5 de julio tras dar por acreditada la la denuncia presentada por la abogada del Observatorio de Derechos Humanos, Natalia Araya. sobre las torturas infringidas a cuatro internos el pasado 14 de mayo.
La letrada constató personalmente las "múltiples lesiones" sufridas por los reclusos que permanecieron esposados por la espalda y desnudos en celdas de castigo entre la noche del lunes 13 y la tarde del martes 14. Las heridas fueron certificadas luego por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en el marco de la causa abierta por Lozada.
Comentá la nota