En un comunicado considera que los ejes de la discusión deben correrse de la coyuntura en donde se esquiva el real problema otorgando pagos en negro, sumas fijas que desconocen cualquier concepción de mérito y responsabilidad y de ninguna manera alientan el esfuerzo y el desarrollo profesional. Tal como lo puntualiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación la división de poderes es un principio que debe ser asegurado en todo el territorio de la Nación, lo cual implica ingresos dignos para que los mejores hombres y mujeres sean los que sientan interés en servir a la Justicia y a los ciudadanos. En otras palabras la política de inversión en capacitación y salarios no es un gasto, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los Poderes del Estado que beneficia a la misma sociedad, en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Esta institución tiene aportes concretos para discutir la solución de los problemas que plantea el servicio de justicia: mora, alta conflictividad, seguridad ciudadana, política de salarios etc., temas que terminan siendo postergados y soslayados invariablemente por la discusión salarial. La Asociación considera que resulta prioritario la construcción de una institucionalidad responsable y consistente, -que excede largamente- pero incluye de manera prioritaria y legítima- la política salarial del Poder Judicial.