“Muchos agentes de la administración pública fueron dados de baja por cesantía, exoneración o retiro obligatorio por causas políticas o gremiales, el gobierno de facto procedió ilegítimamente a prescindirlos de sus cargos o a rescindir los respectivos contratos de servicios” aseguró Maldonado.

“Es así que arbitraria y autoritariamente se desechaba a los agentes sin sumario previo en franca violación de expresas garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa en todo procedimiento administrativo o judicial – informó el legislador – así como el principio de estabilidad del empleo público, más allá que dichas personas hoy tienen una edad que les resulta difícil reinsertarse en el mercado laboral”.

“Existen a los largo de los años de democracia una serie de normativas en ese sentido, entendemos que mientras exista una persona que pruebe esta situación, hay una deuda de toda la sociedad y que nos podemos darle la espalda” dijo Maldonado.