El Bloque de la Alianza Frente de Todos por iniciativa de los diputados Hugo Maldonado y Delia Gonzalez presentaron tres proyecto de Ley, uno vinculado a la Regularización Laboral y estabilidad en las Relaciones de Trabajo en el Sector Público, otro que crea la estructura orgánico-funcional de la Administración Provincial del Agua y un tercero que deroga un inciso de la Ley del Estatuto de la Administración Pública Provincial con respecto a los requisitos para ingreso a la administración publica donde establece “probar con certificados expedidos por autoridad sanitaria, que no padece de enfermedades infecto – contagiosa”.
REGULARIZACIÓN LABORAL Y ESTABILIDAD EN LAS RELACIONES DE TRABAJO
El proyecto de Ley otorga el derecho de ingreso a la planta permanente del estado provincial, en las condiciones, modalidades y plazos establecidos por la presente, a los agentes que: estén vinculados al Estado Provincial bajo la modalidad de contratos de locación de servicios, de locación de obra que impliquen prestación de servicios personales, los contratos jornalizados, las becas de trabajo y capacitación, los contratos con horas cátedras secundarias, terciarias y cargos de maestros de enseñanza práctica (MEP) que realizan tareas administrativas y técnicas, convenios o cualquier otro sistema de contratación que vincule al prestador de los servicios personales con los organismos del sector público provincial y a aquellos que en forma fehaciente acrediten su vinculación laboral con Estado Provincial al 30 de Diciembre de 2007, se le otorgará, por única vez, igual derecho que a los agentes del inciso a), reestableciendo, a partir de la promulgación de la presente, la vinculación laboral interrumpida con posterioridad a la fecha descripta.
Otro de los artículos apunta a que la incorporación se efectuará en un orden progresivo conforme a la mayor antigüedad acreditada hasta cubrir la totalidad del personal, en un plazo que no podrá exceder de un año a partir de la promulgación de la presente; quedando exceptuados del régimen de concursos de antecedentes y oposición para el ingreso.
Así también establece que a fin de asegurar la igualdad de oportunidades a todos los agentes públicos, la autoridad de aplicación deberá, en sus respectivas áreas, instrumentar un programa de capacitación y actualización con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que presta el estado y la aptitud ocupacional del agente, garantizando la accesibilidad a los mismos de todos los agentes de la administración pública provincial. .
Todos aquellos agentes comprendidos en la ley 6028, que hubieran interpuesto acciones judiciales y/o administrativas, promovidas con el objeto de obtener el reconocimiento de su derecho y que opten por los beneficios establecidos en esta ley, deberán desistir de las mismas al momento de notificación de su incorporación a la planta permanente. En tales casos las costas generadas serán a cargo del estado provincial.
Se creará la Comisión de seguimiento y fiscalización del proceso de Regularización laboral y estabilidad en las relaciones de trabajo en el sector público, la que estará integrada por dos representante del Poder Ejecutivo, un diputado de cada bloque representado en el Poder Legislativo y un representante por cada entidad gremial con personería jurídica o simple inscripción.
SE CREA LA LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA
El diputado Maldonado presentó proyecto de Ley que apunta a crear la estructura orgánico-funcional de la Administración Provincial del Agua, esta entraría en vigencia desde el 01 de Enero de 2011. Además busca incorporar a la planta permanente a todos los agentes que al 30 de Junio de 2010 se hallaren vinculados al organismo bajo las modalidades de Contratos de Obras, Contratos de Servicios, Jornalizados de Obras y Becados.
“Las personas que se incorporen a la planta permanente quedan exceptuadas del régimen de concursos de antecedentes y oposición para el ingreso, el encasillamiento de los agentes se realizará acorde a las tareas o funciones que se encontraban cumpliendo al 30 de Junio de 2010 en las categorías profesionales, administrativos, obreros y maestranzas” informó en conferencia de prensa Maldonado.
Todos aquellos agentes deL APA comprendidos en la ley 6028, que hubieran interpuesto acciones judiciales o administrativas, promovidas con el objeto de obtener el reconocimiento de su derecho y que opten por los beneficios establecidos en esta ley, deberán desistir de las mismas al momento de notificación de su incorporación a la planta permanente. En tales casos las costas generadas serán a cargo del estado provincial.
La Mayor parte de las tareas en el organismo son desempeñadas por personal Contratados de Obras, Contratados de Servicios, Jornalizados de Obras, los cuales realizan las mismas tareas que el personal de planta permanente.
“El manejo del agua es un tema de Estado para la provincia – agregó el legislador - la formulación de la política hídrica provincial es competencia absoluta del A.P.A., debiendo realizar su seguimiento y evaluación permanente, constituyéndose ésta en la principal misión que le asigna su ley de creación. Hoy podría hablarse de un retroceso de varios años en relación a lo que los constituyentes que propiciaron la reforma de la Constitución en el año 1994 habían determinado sobre el manejo del agua. Hoy no existe el manejo unificado del recurso, la empresa SAMEEP ha avanzado sobre las incumbencias deL A.P.A. amparada por decisiones del Poder Ejecutivo que desconoce lisa y llanamente la Ley”.
Las relaciones vigentes al 30 de junio de 2010 quedaran automáticamente prorrogadas en las mismas modalidades y condiciones, hasta tanto se efectivice el pase a planta permanente de todos los agentes comprendidos en la ley. La incorporación a la planta permanente consagrada en el Articulo 3 se efectivizara en el plazo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2011, conforme al criterio de prelación por mayor antigüedad.
SE DEROGA UN INCISO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
El otro proyecto de Ley presentado por los diputados Maldonado y González deroga donde un inciso donde se establece “probar con certificados expedidos por autoridad sanitaria, que no padece de enfermedades infecto – contagiosa”.
“Debemos terminar con estos resabios de épocas donde la discriminación y la ausencia de respeto a los derechos humanos eran lamentablemente moneda corriente. Es nuestro deber resguardar los derechos explícitos e implícitos de nuestra constitución, los establecidos en los tratados internacionales con rango constitucional” explicó Maldonado.

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