?La medida es necesaria para garantizar la equidad de los partidos políticos en la competencia electoral, así como la libertad de expresión de los votantes y su derecho a sufragio, que sólo puede ser ejercido adecuadamente si cuentan con información partidaria plural?, justificó el dirigente radical.

Mientras analiza la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Justicia con ese propósito, para Maglietti el actual escenario ?otorga una ventaja al partido gobernante al momento de usar los fondos públicos como herramienta de captación del voto, perjudicando el debate electoral?.

Si bien dijo tener en claro que el cronograma electoral prevé la suspensión de la publicidad oficial a partir del 8 de octubre, admitió temer que ello vaya a ocurrir en Formosa.

?Las prácticas del gobierno provincial en materia de publicidad oficial desvirtúan los propósitos de la última reforma política, que dispuso un sistema de reparto de espacios publicitarios en medios audiovisuales para promover la igualdad de oportunidades entre los partidos durante la campaña y garantizar así el ejercicio informado del derecho al voto?, señaló.

?Resulta necesario que el gobernador Insfran adecue sus prácticas en materia de pauta oficial a los estándares constitucionales e internacionales fijados por el sistema interamericano de derechos humanos, debido a la falta de regulación adecuada de la publicidad oficial?, insistió.

?El régimen electoral argentino contiene una enorme cantidad de normas destinadas a equilibrar el campo de juego electoral. Tienen ese objetivo las regulaciones que restringen los gastos de campaña, los modos de financiamiento de los partidos políticos y las que limitan el tiempo de las campañas electorales. Una de esas normas es la contenida en la ley 26.571, que prohíbe a los partidos políticos contratar espacios publicitarios en medios audiovisuales y dispone que el Estado distribuirá espacios en forma equitativa. Este esquema que busca nivelar el campo de juego electoral se ve desvirtuado por el uso de la publicidad oficial con fines de propaganda de cara a las elecciones. Este uso ilegítimo de la publicidad oficial se ve agravado por el incremento constante del presupuesto publicitario registrado en los últimos años y el desarrollo de campañas publicitarias que tienen por objeto captar el sufragio de la población, confundiendo la campaña del partido gobernante con la publicidad del Estado?, amplió el abogado.

?La violación de ese esquema de igualdad creado por el Congreso a través del marco jurídico que regula nuestras elecciones viola el derecho a la libertad de expresión, garantizado por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana; el derecho al voto garantizado por el artículo 37 de la Constitución Nacional; y el artículo 23 de la Convención Americana y la violación de la libertad de expresión?, remarcó.

Maglietti trajo a colación que ?la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social, según la cual este derecho es un medio para el intercambio de ideas e informaciones. Desde ese punto de vista, todas las propuestas partidarias deben poder expresarse en condiciones de equidad durante la campaña electoral, para que todos los ciudadanos puedan recibir información plural. Precisamente, la legislación argentina, al nivelar las posibilidades de acceso de los partidos a los medios de comunicación, promueve un debate público robusto y equitativo, en el cual todas las voces puedan ser escuchadas y los más poderosos no puedan tapar a quienes no cuentan con tantos recursos?, explicó.

?La emisión de publicidad oficial sin limitaciones frustra el propósito de dicha legislación, ya que permite al partido que ejerce el gobierno acceder a los medios de comunicación con su mensaje en condiciones que los otros partidos no pueden hacerlo. Dicha situación impide el ejercicio pleno del derecho a la información de la ciudadanía?, redondeó.