El juez de instrucción José María Alvarado Solá desestimó la denuncia de una fiscal contra los auditores generales de la provincia por no haber publicado el nombre de funcionarios que no presentaron sus declaraciones juradas. En cambio el magistrado dijo que el Escribano de gobierno puede ser "susceptible" de investigación.
Alvarado Solá, sin embargo, concluyó que esa no era una obligación de los auditores, pero sí del escribano de Gobierno, encargado de intimar a los funcionarios que no presentan sus declaraciones y de publicar su nombre, en caso de no obtener respuesta.
Por eso, el magistrado consideró en su resolución que el escribano podía ser objeto de la investigación, medida que, de concretarse, comprendería a Laura Inés Wayar -la última escribana de Romero y la primera de Urtubey- y a su sucesor en el cargo, Víctor Fernández Esteban.
De todos modos, la resolución de Alvarado Solá mandando al archivo la denuncia contra los auditores fue apelada por Loyola Ahora el tema deberá ser resuelto por la Sala I de la Cámara de Acusación.
La diputada Virginia Cornejo (PPS) presentó un proyecto de Declaración expresando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para implementar en la Administración Pública las recomendaciones de mejoras en la gestión de recursos humanos, efectuadas por la Auditoría General de la Provincia.
Dichas recomendaciones están plasmadas en el documento titulado “Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública Salteña. Diagnóstico”, publicado en el año 2009. El objetivo es alcanzar una administración pública moderna y eficiente, construida sobre la base de una gestión estratégica del recurso humano.
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