En la edición 208, correspondiente 12 de septiembre del corriente año, el diario La Vanguardia publicaba una nota con el concejal Rubén Viglianchino, en la que el edil volvía a cuestionar la fabricación de medicamentos que realizó el Hospital hasta el 2003. "Hay que pedirle a la justicia que investigue como lo hace ahora en la provincia porque podemos llevarnos una sorpresa", había dicho en aquella oportunidad. Ahora, el director del Hospital, el doctor Vicente Maggi pidió derecho a réplica y da a conocer un fallo donde la justicia ratifica el archivo de la causa por falta de elementos probatorios. Maggi evitó hacer declaraciones y se remitió a dar a conocer un escrito que resulta de la misma causa y que está fechada el 31 de agosto de 2005. En los considerando del fallo se menciona que "se inició una investigación penal en razón de la presunta comercialización no autorizada de medicamentos por parte del hospital municipal. Tras realizarse diversas medidas, el 23 de diciembre de 2003 se requirió un informe al Ministerio de Salud. El día 22 de abril de 2005, transcurrido casi un año y medio si recibirse respuesta alguna por parte de ese ministerio, pese a reiteraciones escritas y verbales, se dispuso el archivo de la causa. Se entendió entonces que la acción penal emergente de los supuestos hechos podría encontrarse extinguida por su prescripción. En mayo de este año -2005- se presentó una denuncia por los mismos hechos, canalizada esta vez por el nuevo director del Hospital –el doctor Zubiaurre- patrocinado por un apoderado de la Municipalidad". También alude la resolución a la declaración prestada por el farmacéutico Lacaze en octubre de 2002 en la sede de la fiscalía general. "Y se manifiesta acompañar prueba documental gran parte de la cual no se ha adjuntado o al menos no ha llegado a mis manos. El 30 de agosto de 2005 se recibe un fax proveniente del Concejo Deliberante. Allí se alude la presentación del doctor Nicora y a la denuncia formulada. Y se menciona "la gravedad de la denuncia por el tema referido a la fabricación de remedios y que han pasado dos años y, coincidiendo con lo expresado en vistos, donde el director del Hospital hace la denuncia y se encuentra con la sorpresa que había una denuncia hecha en el año 2003, donde está en juego la saluda de la sociedad". Asimismo el escrito hace foco sobre palabras del doctor Nicora: "si las normas ministeriales autorizan al laboratorio del Hospital a fabricar comprimidos para el uso propio del nosocomio, no se advierte con facilidad qué derecho está protegiendo la norma que les prohíbe comercializarlos para uso de tercero. Se menciona también la hipótesis –aparentemente descartada por los funcionarios ministeriales que consienten la fabricación de para uso hospitalario- de que tal como insinúan los laboratorios comerciales y sus seguidores, amanuenses y protegidos, los medicamentos allí fabricados sean peligrosos para la salud. Cabe destacar aquí, en relación con el caso puntual de la fallida donación de medicamentos –provenientes del Hospital de Balcarce- del Consulado Italiano al Hospital Interzonal de Mar del Plata, que los productos en cuestión habían sido entregados a la Municipalidad local, afirmándose que "los medicamentos han sido revisados".

La cuestión política. El fallo dice en torno a este tema que "no parece en absoluto descartable la hipótesis del que el reflotamiento del caso esté directamente asociado a la dinámica preelectoral de estos tiempos. Y existen algunos indicios que dan lugar a esta hipótesis: la solemnidad dada al tema en el seno del órgano deliberativo municipal. Esta solemnidad contrasta con la falta de precisión y fundamentación de lo que allí se afirma. En efecto, se menciona en los considerandos de una comunicación que la sorpresa del actual director –por Zubiaurre- ante la existencia de una causa anterior. Sin embargo, en la propia denuncia del funcionario se alude expresamente a la declaración del farmacéutica Lacaze prestada en octubre de 2002. Entonces, o la sorpresa no fue tal, o en el seno de la Municipalidad de Balcarce la información ha circulado en forma deficiente, y no se ha estado a la altura de la preocupación invocada. Esto nos lleva al siguiente indicio: la invocación de riesgos para la salud, como argumento de carácter más emotivo que realista. Desde fines de 2003 hasta ahora nada parece haberse hacho en el ámbito administrativo por parte de las nuevas autoridades municipales, para esclarecer este punto. Los medicamentos en cuestión tendrían efectos adversos sólo durante los periodos preelectorales o, cuando menos, dichos efectos solamente podrían reaparecer o ser detectados en estas épocas de contienda política. Otro dato de interés radica en la incidencia de factores geográficos. Los productos sólo serían peligrosos en Balcarce, ya que la autoridad denunciante no ha recabado reclamos provenientes de otros municipios. Ciertamente, en caso de advertirse visos de seriedad a la denuncia en materia de riesgos sanitarios, deberá investigarse la conducta omisiva de las nuevas autoridades municipales y del organismo provincial al cual oportunamente se le requiriera información frente a tan graves peligros". Y finaliza: "sí, como pareciera, la cuestión de la salud pública es la apariencia que enmascara otro conflicto, en este último sólo aparecen como interesados directos los distintos grupos que buscan acceder o permanecer en cargos políticos o partidario. El marco del conflicto es, entonces, político partidario".

La intervención penal. "Con miras a una eventual investigación y/o litigio penal, es necesario solventar la credibilidad de los testigos. "Solventar la credibilidad de testigo significa entregar elementos de juicio para convencer al juzgador de que ese testigo específico es una persona digna de crédito. A la hora de evaluar la fiabilidad de una principalísima fuente de pruebas –las autoridades municipales como posibles testigos- me encuentro en este caso con una baja calidad de la información –invocación de graves riesgos sin fundamento sólido- y con seria dudas acerca de las motivaciones subyacentes. No puede descartarse, por otra parte, la posibilidad de futuras reconciliaciones políticas. Pienso que en estas condiciones, continuar con esta investigación no sólo importaría dispendio de recursos públicos para fines particulares de los contendientes políticos, sino también implicaría embarcarse en una aventura judicial con final incierto debido a la falta de fiabilidad de las fuentes de prueba. Por esto, ratifico la decisión de archivo hasta tanto aparezcan nuevos elementos probatorios que permitan acreditar los hechos denunciados", finaliza diciendo la resolución de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.