María Mercedes Aranguren, una diputada que abandonó las filas chavistas, está en el ojo del huracán político en Venezuela. Representa el llamado “escaño 99”, es decir, el único asiento que el presidente Nicolás Maduro debe aún conseguir para tener la mayoría requerida de dos tercios en la Asamblea Nacional unicameral de 165 miembros. Si lo consigue, podrá hacer que el oficialismo le apruebe en el Legislativo los “poderes especiales” que reclamará este martes, mejor conocidos como Ley Habilitante.

Maduro afirma que su objetivo es luchar contra la corrupción y la “guerra económica” de desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales. Pero la oposición rechaza esa justificación y afirma que el verdadero propósito de la avanzada chavista es controlar el Parlamento y someter al país a una radicalización del chavismo cuando la “revolución bolivariana” enfrenta un creciente malestar social por la alta inflación, la disparada del dólar y una escasez alimenticia que se agrava día a día.

No es un dato menor en este escenario el hecho de que desde hace unos meses vengan creciendo las protestas de sindicatos que antes eran adictos al gobierno y que ahora, presionados por sus bases, comienzan a asomar la cabeza para desesperación del gobierno.

En el intento del oficialismo quedó varada la diputada Aranguren, quien fue electa por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2010 y se cambió a las filas de la oposición dos años después. Ahora, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia la acosan con el dictado de un “antejuicio de mérito”.

El propósito es depojarla de la inmunidad parlamentaria por presunta corrupción. Así su suplente Carlos Flores, activista del PSUV, ocuparía el codiciado puesto 99 en la Asamblea.

El viernes, la Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció que desea investigar a Aranguren por las presuntas irregularidades que cometió cuando presidió la extinta Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, capital del estado Monagas. La diputada atacada puso en evidencia el intento oficialista, con la siguiente pregunta: si las denuncias en su contra que se remontan al año 2008 fueran ciertas, ¿por qué entonces se le permitió postularse por el oficialismo en 2010?

La verdad es que Maduro se va a salir con la suya, logrando poderes especiales por primera vez desde que ganó con un estrecho margen el 14 de abril pasado las elecciones presidenciales que han sido impugnadas por fraudulentas por su rival, el socialdemócrata Henrique Capriles, a quien Maduro de paso ha pedido meter preso para sacarlo del camino. Los “poderes especiales” serían otra vía para lograr también ese cometido.

Los empresarios ven con preocupación que Maduro tenga aún mayor poderes parlamentarios. No se imaginan cómo podrá combatir la escasez y el desabastecimiento bajo la supuesta “guerra económica” si ya ha empezado militarizar las empresas y a perseguirlos.