Ahora, un abanico de nuevas posibilidades de investigación se abre a partir del retorno al Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia de la causa que indaga el delito de trata de personas. Es que en abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ordenó al juez federal Carlos Skidelsky pronunciarse sobre la “relevancia penal” de los hechos denunciados en un expediente que su subrogante, Eduardo Valiente, había desestimado por solicitud del exfiscal Corregido. De esta manera, los camaristas Ana Victoria Order y Luis Alberto Aguilar devolvieron el expediente al juzgado de origen, ahora a cargo del retornado juez federal titular de la capital chaqueña. Corregido, que recibió la causa tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, investigó, y de la instrucción que incluyó hasta allanamientos concluyó que no hubo “hallazgo de elementos objetivos que permitan subsumir las conductas denunciadas en el tipo penal de trata de personas”, ya que no hubo “vulneración a la libertad de autodeterminación de las supuestas víctimas en el grado de afectación que exige el tipo”. Entonces solicitó al juez Valiente que se declarase “parcialmente incompetente”, al menos en lo relativo a la denuncia de trata de personas. En tanto, con respecto a la denuncia por defraudación a la Administración Pública, las diligencias procesales no permitieron determinar fehacientemente si los fondos en cuestión “pertenecen a la Nación o ingresan a las arcas provinciales”, como para determinar la competencia federal hasta que tuviera más elementos de juicio. De esa forma, el juez solo desestimó la denuncia por el delito de trata de personas y se declaró parcialmente incompetente. Por eso ahora la reapertura de la causa genera un nuevo abanico de posibilidades de investigación de todas las denuncias contenidas en el expediente, entre ellas, el manejo de los fondos y cuestiones relativas al manejo de los materiales. La causa hoy y sus posibles derivaciones Ya sin Corregido como fiscal, el Juzgado Federal Nº 1 responde, por estos días, algunas presentaciones contenidas en el expediente. Luego, a instancias del fiscal Horacio Rodríguez, el juez Skidelsky podría disponer algunas medidas o citaciones. Cuando finalicen los trámites judiciales previos tras el retorno al juzgado, el magistrado bien podría determinar la citación de Schoklender, cuya denuncia da nombre al expediente y engloba al resto de las denuncias por trata de personas presentadas por los obreros. Sin embargo, también podría indagar sobre el manejo financiero de los fondos destinados a las obras, ya que una de las cuestiones que sigue firme es la posible defraudación con recursos públicos. La trama El escándalo por la construcción de viviendas sociales de la Misión Sueños Compartidos estalló a fines de febrero de 2010, cuando un grupo de obreros representados por el abogado Alejandro Armoa denunció a Emerenciano Sena por “malos tratos, reducción a la servidumbre y encierro” en el obrador del ex Campo de Tiro, donde se ejecutaban 70 casas. Fueron en principio 24 trabajadores, a quienes luego se sumaron unos 16 más. Al mismo tiempo, el propio Sena denunció que la Fundación despidió sin motivo aparente a más de 100 trabajadores de su movimiento que trabajaban en el obrador. “Acosta, Jorge y otros S/ denuncia”, expediente 5.380/10, fue caratulada la causa que ingresó en la Fiscalía de Investigación Penal N˚ 6 de Resistencia a cargo por entonces de la subrogante Mirta Noemí Mansilla. La fiscal entendió procedente la denuncia por “trata de personas” (un delito de competencia federal) y remitió el expediente al Juzgado Federal N˚ 1, por entonces con Corregido como fiscal y el subrogante juez formoseño Eduardo Valiente. Tras conocer esa denuncia, la Fundación entró en escena unos 20 días después, con el desembarco de Sergio Schoklender en el Chaco para sumarse a la acusación por el delito de trata. “Nosotros promovimos la denuncia original y nos constituimos como querellantes. Hasta entonces, no lo conocía a Schoklender”, asegura ante NORTE el abogado Alejandro Armoa. Luego, recuerda que tras el primer contacto con el ahora exapoderado de las Madres, consideraron que sería “positivo” el patrocinio de la Fundación contra Sena. Llega Schoklender Corrían los primeros días de marzo cuando el entonces apoderado de las Madres tuvo el primer contacto con los obreros denunciantes, a quienes ofreció sumarse a la investigación. Por eso el propio Schoklender se presentó ante la Fiscalía N˚ 9 de Resistencia, y su exposición quedó contenida en la causa “Schoklender, Sergio Mauricio S/Denuncia”. Con ese nombre luego unificaron las personerías de todos los querellantes, entre ellos de la fundación, cuando la causa derivó en el Juzgado Federal y para coadyuvar a la investigación penal. En un segundo paso, Schoklender se presentó también en el fuero federal para ratificar la denuncia y radicar otra sobre trata de personas (Expediente 70/2010). Por eso, esa es la causa que hoy engloba a las restantes. Por entonces, todos los querellantes trabajaban en conjunto: la Fundación y los exobreros escindidos del MTD Emerenciano. A la vez, para agregar fundamentos que sostuvieran la competencia federal, más adelante y ya con la Fundación actuando como denunciante contra Sena, fue agregado un expediente que certificó la propiedad del terreno, que estaba en manos de la Nación. “Pedimos y esperamos que los actos privados que pudiera haber realizado Schoklender no afecten la investigación del principal delito que denunciamos”, remarca Armoa. En tanto, deja claro que el poder otorgado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo en su caso fue para interceder en esta cuestión judicial. Por último, adelanta que durante la semana serán los propios obreros quienes salgan públicamente a fijar postura sobre el tema.