Por el despido de tres albañiles de un plan de viviendas de Bariloche. La Fundación nunca respondió la demanda y se declaró en rebeldía.
La sentencia fue notificada a la Fundación a mediados de septiembre pero hasta la fecha no hay constancia de los pagos. Los beneficiados son Manuel Lincopan, que percibirá 69.316 pesos; José Hernández, al que se reguló un resarcimiento de 56.952, y Eduardo Leiva, cuya indemnización asciende a 51.830 pesos.
Lincopan comenzó a trabajar en el plan de viviendas en mayo de 2010 mientras que Hernández y Leiva ingresaron en febrero de 2011. Los tres fueron desvinculados el 29 de agosto de 2011 sin percibir los pagos correspondientes a aguinaldos, vacaciones proporcionales y fondo de desempleo ni recibir los certificados correspondientes a su desempeño.
Tampoco les devolvieron las libretas de aportes patronales a Lincopan y Hernández, retenidas en forma indebida por la empleadora, y en el caso de Leiva se comprobó que los valores retenidos de sus salarios no fueron depositados a los organismos oficiales que los recaudan.
Lo llamativo del litigio es que los períodos de trabajo señalados por los demandantes coinciden con la anunciada regularización de las obras, que atravesaron su peor momento entre mediados de 2009 y 2010.
En esos años la construcción de las 134 viviendas gestionadas por el programa Sueños Compartidos de la Fundación atravesó serios problemas de ejecución por falta de materiales y demoras en las partidas que llegaron a paralizar los trabajos.
La situación se corrigió con la intervención del municipio, a través del Instituto de Tierra y Vivienda, que comenzó realizando tareas de seguimiento y control y terminó administrando la obra por delegación de la Nación luego que estalló por los millonarios desvíos de fondos atribuidos a Sergio y Pablo Schoklender.
Al igual que en casos anteriores el juicio se resolvió en forma expedita por la falta de respuesta de la empleadora. El tribunal, integrado por Edgardo Camperi, Carlos Salaberry y Juan Lagomarsino, destacó en la sentencia que la Fundación fue declarada en rebeldía por no contestar la demanda y que el litigio se resolvió "de puro derecho" dando por ciertos los reclamos y documentación presentada por los demandantes.
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