Los datos recolectados en las recientes declaraciones testimoniales, que tomó el fiscal de Instrucción Nº 5, Juan Pablo Morales, quien investiga la denuncia contra la OSEP por la compra de medicamentos oncológicos a una droguería de Santiago del Estero inhabilitada por la Anmat, habrían sido fundamentales para que decida imputar -seguramente el lunes- al titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Arturo Aguirre, y a las principales autoridades del organismo provincial.

La imputación no solo sería por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sino que se avanzaría sobre el cargo de “fraude a la administración”, debido a la excesiva compra de medicamentos oncológicos, sin que se justifique ese incremento de las cantidades adquiridas.

El supuesto incumplimiento es porque habría quedado plenamente acreditado que aun después de la inhabilitación que pesaba sobre la droguería Libra, la OSEP siguió comprando a esa firma y por valores millonarios.

Justamente, ese aumento en la cantidad de medicamentos, sin que se registren mayores casos de cáncer entre la población de afiliados, hizo perfilar la investigación para el lado del posible fraude.

La denuncia fue hecha por el diputado justicialista Julio Cabur, que tendría más elementos de prueba que incorporaría a la causa.

Mientras tanto, el fiscal completó dos extensas rondas de declaraciones testimoniales de empleados.

Alrededor de 22 trabajadores desfilaron y dieron su versión de los hechos, y a medida que relataban cómo era el procedimiento habrían surgido más elementos que, merituados por el fiscal, lo habría llevado a la determinación de imputar a Aguirre y a su equipo de trabajo.