Lo que está sucediendo es el emergente de un displacer corporativo -en este caso policial- debido a los bajos sueldos. Esto se inicia en la provincia de Córdoba, como es de público conocimiento, y luego el fenómeno va repicando. Y todavía está lejos de terminal. Tenemos el caso más actual que es en la provincia de Buenos Aires, donde los que resisten se niegan a avenirse a la solución que les propuso el gobierno -en este caso un sueldo nominal de 8500 pesos-.

Sin perjuicio de lo justo del reclamo, lo que cuestiono es la forma, porque el servicio policial es primario y esencial, hace a la vida del resto de la sociedad, y máxime con las condiciones de inseguridad que hoy vivimos.

Esto se ha puesto patéticamente de manifiesto en el caso de Córdoba, Concordia y otros lugares del interior en donde han habido hasta muertos. Esto implica que no se pueda ejercer un derecho a huelga que no está contemplado legalmente, y siendo que eso implica dejar a la sociedad sin protección.

Que la policía no está bien paga, es cierto. Hay una sola policía que está bien paga, que es la de de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -la Metropolitana-.

El resto de todas las fuerzas federales y provinciales tienen un sueldo paupérrimo. Además tienen una logística lamentable: no hay armas, no hay municiones, los chalecos están vencidos. Ahora, dejar a la ciudadanía sin protección en función de estos reclamos es pobres contra pobres, porque la gente que hoy perdió todo en diez minutos a través de los actos de vandalismo ¿a quién le pueden reclamar?. Y es gente que también necesita de sustento diario, ejercer su comercio y demás.

Si hubiese una legislación que permitiese la huelga, esto no sería objetable. Pero como no hay derecho a la agremiación policial, tenemos un grave problema desde el punto de vista de la legalidad y de la validez jurídica del reclamo. Y es una lástima porque es un reclamo justo el que hacen los policías. Pero la forma de hacerlo no es correcta.

RP.- ¿Entonces coincide con Scioli respecto a la responsabilidad de los policías?

Es un servicio esencial que hace al resto del funcionamiento del estado. Si el conflicto continúa, las consecuencias pueden ser inconmensurables, porque cuando caiga la noche en localidades donde no haya fuerzas policiales presentes, mucha gente va a sufrir los delitos. Y es gente inocente que no tiene nada que ver con que la policía cobre mal.

Como abogado no puedo desconocer que estamos frente a una situación típicamente jurídica y culpable, que es el delito de sedición, porque se alza contra el bien público particular -que es la tranquilidad del estado- con los elementos provisto por él mismo: armamento, móviles, y demás.

Sin perjuicio de esto, hay un incumplimiento de la tarea de funcionario público porque durante dos o tres días se ha dejado de perseguir a la delincuencia. O sea que la inseguridad en estos días debe haber aumentado bastante.

Y finalmente, en estas situaciones siempre aparece lo que los abogados caratulamos como “caranchos” –cierta gente que va desmedrando de la desgracia ajena-. Y entonces aparecen pseudo gremios o movimientos de orden sindical que no están legitimados. Y eso contribuye aun más a la confusión de aquellos policías que se han plegado y que tendrían que ir reviendo la actitud en función de que en realidad están violando la ley. Yo no creo que la mayoría de los policías que no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes estén en sus ideas estar delinquiendo. Ojalá alguien se lo pueda explicar en estos términos.

RP.- ¿Por qué sucede esto a esta altura del año?

Es casi emblemático. Estamos a treinta años de la recuperación de la democracia, estamos en diciembre –que es la fecha de los saqueos que han quedado en el colectivo-. Y este mes es muy difícil desde el punto de vista de la inseguridad, porque es el de los motines. En esta época se da un conglomerado de situaciones emocionales que hacen que el panorama sea muy explosivo. Lamentablemente ha coincido.

Y hay otro actor, que es, ¿a quién beneficia esto?. A la sociedad no lo beneficia, a la policía tampoco. En realidad, esto beneficia al narco.

El narco internacional, en muchos países genera estos climas, hace dudar de la eficacia del estado y logra que la población –aunque sea por miedo- sea más contemplativa a la hora de soportar la presencia narco. Esta circunstancia no está demasiado evaluada y es lo que nos debería preocupar.

RP.- ¿El gobierno está preparado para afrontar una situación así?

Estamos impreparados. Esta situación no puede durar más de 24 o 48 horas. Se apela a la gendarmería, pero va a llegar un momento en el cual no va a haber más gendarmes si el conflicto no baja. Vamos a tener una situación muy explosiva y ojalá esto pueda llegar a buen fin.

Tiene que haber un diálogo muy serio, muy calmo por ambas partes, haciendo entender que la forma de petición y reproche no es la correcta. Yo creo que muchos policías no tienen en claro que están cometiendo un delito al manifestarse de esta manera. Y a su vez son azuzados por algunos que quedaron con la sangre en el ojo, o que son de partidos opositores. Estas cosas habría que explicarlas muy claramente. La gran mayoría de los policías que están pidiendo una mejora sueldo tienen mucha razón en hacerlo, pero no de esta manera.

RP.- ¿Cómo se llega a una solución?

Las dos partes tienen que ir arrimando posiciones. Yo creo que lo ideal –si se llegó a 8.500 pesos- sería poner un poquito más de esfuerzo y eliminar un aviso de estos caros que no se saben bien para qué sirven, y que se pueda llegar al nominal de 10 mil pesos. Lo ideal sería 12 mil, pero al menos hay que trazar una línea y ver qué pasa.