En diálogo con REALPOLITIK, señaló que “esto es una maniobra procesal para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer así un año, meses, un mes, o el tiempo que sea. Pero cualquier tiempo que sea va a impedir la realización de las medidas que nosotros tenemos requeridas. Hay medidas muy urgentes, y si la causa vuelve dentro de quince días, estas medidas se van a perder para siempre”.

RP.- ¿Por qué convocó a una conferencia de prensa?

Lo que quiero hablar no tiene que ver con las cantidades de fallecidos por el temporal, sino por la actualidad de la causa. He recibido una inhibitoria de Atencio porque el doctor entiende que es competente para esta situación. Entonces se planteó un conflicto de competencia, lo cual me obliga a mí a remitir la causa a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, para que diga qué juez es competente.

Yo no tengo duda de que la Justicia va a decir que es competencia de lo Contencioso y Administrativo, estamos seguros, porque acá no se están investigando delitos sino irregularidades administrativas en la confección de los listados. Pero el problema es que esto puede demorar.

Esto es una maniobra procesal para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer así un año, meses, un mes, o el tiempo que sea. Pero cualquier tiempo que sea va a impedir la realización de las medidas que nosotros tenemos requeridas. Hay medidas muy urgentes, y si la causa vuelve dentro de quince días, estas medidas se van a perder para siempre. Y creo que esta es la intención.

Yo lamento que el juez Atencio se haya prestado a este juego del ejecutivo. Y verdaderamente quiero citar a la Suprema Corte de la provincia a que -como en otras oportunidades lo ha hecho- llame a un acuerdo extraordinario y resuelva esta contienda a la brevedad posible para que se pueda continuar con las medidas de prueba.

Por otra parte, quiero pedirle a los periodistas y al diario El Día de La Plata que no se preste a las operaciones de prensa del poder ejecutivo. Que sean serios, que sean responsables al proporcionar la información, que consulten las fuentes, que me consulten a mí. Yo atiendo a todo el mundo. Les pido responsabilidad, seriedad, porque no estamos ante una cuestión común, estamos ante un enorme problema que hemos padecido todos los platenses y estamos viviendo con extremo dolor.

Seamos sensatos, dejemos de lado nuestros enemigos. No podemos pelear frente a la población, no podemos politizar esta situación al punto tal de que se esté produciendo esto. Porque es una falta de respeto a las personas, y si actuamos de esta manera no hemos entendido nada lo que paso acá.

Tenemos que avanzar en el esclarecimiento de esta cuestión. No solo de las causas que a mí no me competen, sino de sus consecuencias que tiene que ver con estas muertes que nosotros estamos investigando.

Frente a un conflicto positivo de competencia como el que se plantea, la cuestión la tiene que resolver el tribunal superior común. Acá, como nuestras cámaras son distintas, somos jueces de distintos fueros. Lo tiene que resolver la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires pero nos ha ocurrido en muchísimas oportunidades que la Corte tarda muchísimo en resolver estas cuestiones. A veces está resuelto en un día, respecto del discurso de competencia. Y eso es justamente lo que le pedimos a la Corte: que esté a tono con las exigencias de la ciudad y que no demore ni un instante, que llame a un acuerdo extraordinario y que resuelva esta cuestión de competencia, sea cual sea el juez que deba intervenir.

Yo tengo la plena seguridad de que la competencia es nuestra, pero que lo decida la Suprema Corte y ahora.

RP.- ¿Cuáles son esas pruebas que se perderían en quince días?

Yo no puedo brindar detalles sobre las pruebas, pero hay pruebas que pueden llegar a presentarse.

RP.- ¿Con qué fin cree que está haciendo esta operación el ejecutivo?

La finalidad es demorar, es dilatar el problema. Si esto se resuelve de aquí a un año, imagínese. Primero, que no vamos a poder recolectar las pruebas que nosotros tratamos de preservar. Y no tendría ningún sentido si esto se resuelve de acá a un año.

Además, para esa altura, todos ya nos olvidamos, porque esa es la tendencia en este país. Hace un año que ocurrió lo de la tragedia de once y nadie habla de eso.

Yo creo que esto es una especulación política. Me sorprende que este pedido de inhibitoria del doctor Atencio no tenga una cita legal. Los jueces nos basamos en la constitución y en las leyes para decidir. Sí tenemos que tirar palos a nuestras decisiones fundadas en derechos, en la Constitución y en las leyes. Pero además no ha visto las presentaciones de las partes, ¿cómo hago yo para saber si soy competente o no si ni siquiera vi lo que las partes han presentado?.

Entonces, estas irregularidades -como tantas otras- tienen que ver con el poder ejecutivo, porque aparte ya no estamos en una discusión de números, no estamos diciendo si son 51 o 55; creo que esto ha pasado a segundo plano. Está surgiendo a partir de esta investigación irregularidades muy grave, que tienen otra entidad, ya prácticamente penal. De hecho hemos remitido las actuaciones a la Justicia penal, y espero que el doctor Atencio las investigue -ya que tiene ganas de investigar que lo haga con estas denuncias que nosotros hemos realizado-.

Tiene que ver con una práctica, con un modus operandi, de la policía de la provincia de Buenos Aires que ha heredado de la dictadura militar y que todavía no hemos podido erradicar. Es la situación de falsear certificados de defunción diciendo que una persona falleció de un paro cardiorespiratorio no traumático, cuando en realidad se ahogó por causas de la inundación.

Esto tiene que ver con el pasado de la Argentina, tiene que ver con el presente de lo que nos está sucediendo en La Plata, y tiene que ver con el futuro. Porque el día de mañana la policía mata a un chico de un balazo en la cabeza y pone en el certificado de defunción que sufrió un paro cardiorespiratorio no traumático, como está ocurriendo en esta causa y nadie se entera.

Por eso le pido responsabilidad al periodismo, porque es importante lo que está pasando con esta causa, la olla que se está destapando de esta situación: el tratamiento de los cuerpos, las muertes que se han producido -en este caso por el temporal-, pero pueden producirse muchas otras. Y tenemos que tratar de evitar estas prácticas de la policía de la provincia de Buenos Aires que se cree tan avalada por el poder político que se cree con el derecho de impedir la labor de la Justicia negando ingresar a los jueces a la morgue judicial.

De ahí la importancia de trabajar seriamente en la creación de una policía judicial. Se ha sancionado por ley, está vigente, hay que avanzar rápidamente para evitar que la policía de la provincia de Buenos Aires destruya causas, siga manejando los fiscales, siga impidiéndonos a los jueces desarrollar nuestra labor.

RP.- ¿Cómo continúa el caso de las desapariciones?

Hay muchas situaciones, de las muertes constatadas, en virtud de las cuales hay que dirimir si unas corresponden atribuirlas al temporal o no. Hay desapariciones por las cuales no sabemos el número exacto, porque el ministro el fin de semana pasado anunció que era una sola persona que era esta señora Nilda Godoy, que apareció recientemente.

Mientras, la policía me entregó en persona -porque delante de mí fue a buscar a una persona de apellido Aguirre al Hospital de Gonnet a averiguar su paradero- una lista con 23 personas. Y yo la he dado a conocer públicamente y la agregué a la causa.

Son 23 las personas desaparecidas de acuerdo a una lista que me entregó la policía de la provincia de Buenos, depende del ministro Casal que dijo que había una.

Y otro universo distinto son las personas que se dicen que aparecieron muertas después del listado oficial de 52 personas. Me cuesta creer que se hayan ocultado cadáveres, es muy difícil, hay familiares reclamándolos. Pero hemos tenido testimonios en la causa, una que yo he dado a conocer y que trata de una persona que vio retirar siete cuerpos de un desagüe, en la calle 68 entre 31 y 131, corroborado por otro testigo que han declarado en la causa. Y estos cuerpos son posteriores a los que anunció el poder ejecutivo.

Entonces, esos cuerpos ¿dónde están?. Por ese motivo hicimos la diligencia en la morgue, y no nos dejaron entrar. ¿Qué había que ocultar?, ¿había alguna prueba?. Es lógico que la prueba despareció, no seamos ingenuos.

RP.- ¿Existe la posibilidad de que esos cuerpos hayan ido a otra morgue que dependa de la procuración general?

Eso es un rumor constante. Nosotros no debemos dejarnos llevar por rumores. Pero tampoco debo descartar este tipo de declaraciones permanentes que uno escucha en todos lados. Lo importante para llevarle la tranquilidad a la población hay que investigar. Y no pelear. Pido razonabilidad.

RP.- ¿Usted va a acatar la decisión de Atencio?

Yo no tengo que acatar la decisión de Atencio porque no es un superior. Es un par, porque yo tengo que remitir las actuaciones y suspender todo el trámite. Esto es lo que marca la ley; no lo que dice Atencio.

Atencio es un magistrado cuestionado por irregularidades, tiene un jury avanzado por cuestiones graves.

Yo puedo entender que el ejecutivo diga son 51, me planto en 51 y se acabó. Pero lo que no puedo entender es que un magistrado haga eso. El magistrado está para investigar, y no puede cerrar las puertas a una investigación, esto es lo sorprendente.