La provincia se destaca por su baja desocupación, pero no escapa a la precarización laboral que vive el país y aqueja a los trabajadores sin distinción de edad, de sexo ni de formación profesional. En San Luis las denuncias anuales por el incumplimiento de las obligaciones de los empleadores ascienden a unas 1.500 en los tres centros del Programa de Relaciones Laborales ubicados en ciudad capital, Villa Mercedes y Concarán.

Las sanciones laborales muy graves pasarán de los $5.000 hasta unas 20 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

“Generalmente el trabajador concurre con su documentación a hacer la descripción del reclamo. El Programa cita al empleador y comparecen las partes en una audiencia conciliatoria. Nosotros mediamos en esos encuentros, donde hay conflictos de intereses, y tratamos de ser lo más expeditos posible ya que para el trabajador es fundamental mantener sus derechos”, expresó Alberto Lindow, titular del Programa Relaciones Laborales. Aproximadamente el 70 por ciento de los casos llegan a un resultado favorable para el empleado.

Las denuncias más frecuentes giran en torno al trabajo sin registrar, conocido popularmente como “en negro”. “Un empleado clandestino significa mucho dinero que va al bolsillo del dueño de una empresa. Ya se mandó al Congreso de la Nación una modificatoria del régimen de multas, que más allá de un criterio recaudatorio resulta ser de persuasión”, afirmó el funcionario. Actualmente las sanciones económicas “muy graves” no superan los cinco mil pesos y las “graves” van de 200 a 500 pesos. Con el nuevo sistema una infracción media irá del 30 por ciento al 200 por ciento del valor mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil. Las faltas severas estarán entre el 50 por ciento y el 2.000 por ciento. Además, contará cada trabajador afectado, o sea que se multiplicaría el monto según la cantidad de personas afectadas. El trabajo clandestino suele ser la modalidad de las medianas y pequeñas empresas, las cuales son más difíciles de investigar.

La lista de reclamos continúa, mayoritariamente consisten en acusaciones de los trabajadores por recibir sanciones injustas, por despido arbitrario, atraso en los pagos o por acoso laboral. Los sectores más vulnerables son aquellos que no cuentan con un sindicato que intervenga por ellos y defienda sus derechos o simplemente poseen un gremio que no tiene la cobertura adecuada.

Según Lindow, el empleo golondrina o migratorio en el sector agroindustrial es uno de los más desregularizados. La condición de familias enteras que se trasladan de una provincia a otra en época de cosecha puede rozar lo infrahumano. Lindow especificó que para lograr una mejor prevención es fundamental mantener el diálogo con otros actores de la sociedad, como las organizaciones civiles, las asociaciones de empleadores rurales y los gremios. “Podemos actuar de oficio o por denuncia, y la denuncia la puede hacer un empleado, el sindicato o un tercero. Por eso, es importante el acompañamiento de los representantes de los trabajadores, que nos ayuda a focalizar las inspecciones, porque es imposible tener un inspector dentro de cada empresa”, dijo.

En números, la provincia representa el 1 por ciento de la población económicamente activa del país, cerca de 19 millones de personas, según datos del Banco Mundial. “En la Argentina casi el 50 por ciento está en situación de subocupación, si trabaja no está registrado o de alguna manera viven en una situación de fraude laboral. La pérdida de la cultura de trabajo influye en cierta medida en los índices de delincuencia y drogadicción. La mejor manera de distribuir la riqueza es a través de un empleo digno”, opinó Lindow.

El sector fabril

Si bien las fabricas sanluiseñas resisten los embates de la inflación desde que finalizó la promoción industrial, en el Sindicato de Plásticos con sede en la provincia los datos no son alentadores. Entre el año pasado y el actual hubo unos 60 despidos en 33 empresas empadronadas. La mayoría tenía personal eventual a cargo. El secretario general del organismo, Néstor Oropel, indicó que en las provincias en las que se fabrica autopartes, como guardabarros e interiores de plásticos, “ha sido más terrible aún”. La depresión del sector viene intensificada por las bajas en las ventas.

Las medidas de fuerza que los operarios de Tramontana tomaron el año pasado, por la falta de pago de varias quincenas, terminaron con la cesantía de 6 de ellos. Oropel confirmó que durante la semana pasada le notificaron que hay otras 4 personas despedidas. “Estamos viendo que no se vayan sin indemnización. Lamentablemente, cuando el gerente se junta con el trabajador y le dice `mirá, acá el tema es así: o cobrás esto hoy, porque mañana no sé si cobrás algo´, nosotros ahí en esa política entendemos que obligan a una persona a irse”, aseveró.

La empresa Clover Plast, dedicada a la fabricación de bolsas de polietileno, “está complicada por la ordenanza sobre el reemplazo de las bolsas en los supermercados y tuvo despidos indirectos”, contó el sindicalista. Hubo un “acuerdo” con unos 17 trabajadores, que renunciaron. Oropel pidió el 30 de abril, a través del Programa Relaciones Laborales, una audiencia en la que la patronal acceda al diálogo, para “ver cuál es la política que manejan. No queremos encontrarnos en un futuro con una empresa fantasma, que se va de un día para otro y deja a la gente a la deriva”, afirmó.

Las consecuencias de una renuncia llevan a perder la cobertura en salud y la compensación por el tiempo de servicio brindado. Oropel contextualizó el riesgo que corre un asalariado cuando tiene hijos, “vienen meses complicados de resfrío y gripes y es fundamental la atención médica. Si fue despedido tiene derecho a reclamar y a tramitar el seguro de desempleo, aparte puede tener hasta un año más la obra social”.