La presentación se realizó en el Juzgado Penal Nº 3 de San Luis y apunta a que se investigue la posible complicidad de un empleado del Correo Argentino con la agente que trabaja en el Registro Civil.

La acusada se llama Eugenia Rosales y fue denunciada por una ciudadana que realizó el trámite del pasaporte. La denunciante afirmó que solo le restaba abonar los $ 400 del documento cuando la empleada le pidió el dinero, ingresó a una oficina y salió con la boleta que tenía estampado un sello del Correo.

La damnificada, ante la duda, se acercó a una caja del Correo y constató que no se había acreditado el monto a su nombre.

Tras tomar conocimiento de la presunta estafa, la Dirección del Registro Civil separó de su lugar de trabajo a Rosales, que, de todas maneras, continúa ligada a la administración pública provincial.

Fiscalía de Estado, con la presentación judicial, pretende descubrir si un empleado del Correo facilitó a Rosales el sello para realizar la maniobra.

El Estado Nacional, por su parte, denunciaría a la Provincia por estafa, ya que el dinero de ese tipo de trámites debe ser girado directamente a la Nación, algo que en casos como este no sucedería.