La provincia de San Luis presentó ante la Corte Suprema una demanda por discriminación, en reclamo de la diferencia entre lo invertido por el Estado Nacional en esa región y lo invertido en otras provincias de similar población, en distintos rubros, desde el 2003 en adelante.
Recientemente, el gobernador Alberto Rodríguez Saá recordó que "la Nación le debe $ 3.997 millones a la provincia" y que su administración mantiene nueve demandas judiciales contra el Gobierno nacional. En la última -aclaró- "se reclama la discriminación a la que es sometida San Luis y por la que recibe $ 1.118 millones menos que el promedio nacional en materia de coparticipación."
Representada por los abogados Rodolfo Barra y Beltrán María Fos, la provincia le reclamó a la Corte Suprema -quien tiene competencia en este tipo de conflicto- que declare la inconstitucionalidad de la "conducta discriminatoria" del Ejecutivo nacional respecto de la provincia de San Luis y sus habitantes, así como una indemnización por la cifra mencionada.
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